Edición Anterior: 22 de Enero de 2012
Edición impresa // La Ciudad
Moreno: civiles van al banquillo en un juicio que conmoverá la historia local
Con más de 70 testigos, desde el 9 de febrero iniciará el juicio a los imputados por el secuestro y homicidio de Carlos Alberto Moreno. Será en el Aula Magna de la Unicén, en Tandil. Hay cinco imputados: tres integrantes de fuerzas de seguridad y dos civiles.
Claudia Rafael

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Tendría 64 años si lo hubieran dejado. Probablemente estaría jubilado o tal vez, seguiría ejerciendo la abogacía como ese lugar desde el que había elegido pelearles a las inequidades. Sería kirchnerista acérrimo o crítico sin mesuras. Pero es todo pura especulación. Lo mataron mucho antes, cuando tenía 29 años. Al punto tal de que sus dos hijos superaron ya ampliamente su edad. Cuando el 9 de febrero en el aula magna de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, se lean las acusaciones contra tres militares y dos civiles no estará allí. Sólo su imagen fantasmal como fue sistemáticamente con cada uno de los 30.000 que un modelo de economía liberal y expulsiva necesitó borrar de toda geografía.

Carlos Alberto Moreno amaba Olavarría. Y no hay memoria entre quienes lo conocieron y frecuentaron en aquellos días de la década del 70 tan compulsivos y adrenalínicos que no ubique las sillas cubiertas del polvillo blanco del cemento en su sala de espera, símbolo de obreros y minería. El próximo 9 de febrero a partir de las 13 Julio Tommasi (81), Roque Pappalardo (74), José Luis Ojeda (59) y los hermanos Emilio (71) y Julio Méndez (69) serán juzgados. De todos ellos, sólo Ojeda es ahora menor de cuanto sería Moreno. Y junto a Julio Méndez, en caso de condenas, serán los únicos que deberán cumplir con una pena de cárcel efectiva por no tener 70 años.

Este juicio concita tres o cuatro elementos que no hacen otra cosa que realzar su importancia no sólo a nivel local y regional sino además, nacional.

Por empezar, es la primera causa que llega a juicio oral y público de todas las que se iniciaron acerca del circuito represivo en la región. Pero además -y esto la distingue a nivel nacional- tendrá a dos civiles -ambos de enorme importancia en la historia local tandilense por sus respectivos roles económicos y sociales en la ciudad- sentados en el banquillo. Y, finalmente, tanto la fiscalía federal encabezada por Daniel Adler como la familia Moreno apuntarán al rol que habría tenido a la hora de la desaparición forzada del abogado laboralista una empresa como Loma Negra.

Justamente, en una entrevista publicada por EL POPULAR en su edición del 9 de octubre de 2011, Adler afirmó que "no podemos ignorar que hubo una serie de abogados -Moreno, entre ellos- que por defender a trabajadores que reclamaban por sus derechos, por ser víctimas de enfermedades laborales, terminaron siendo ellos mismos víctimas del terrorismo de Estado".

Desde hace largos años, cada 29 de abril -fecha del secuestro de Moreno- su mujer y sus hijos vienen publicando en Página 12 un recordatorio en el que aluden sistemáticamente a la presunta responsabilidad de la industria cementera en el destino del abogado. Y esta misma tesitura fue abordada profusamente en el documental dirigido por Matías Moreno y Virginia Russel bajo el título de "La sonrisa del Negro".

Las audiencias del juicio -después de la lectura de la acusación a los imputados- continuarán el 10 de febrero con la declaración de 13 testigos. Ese día harán su relato los familiares más cercanos, algunos amigos y colegas y empleados del estudio jurídico. También algún vecino, ex directivos del Colegio en el que enseñaba Susana Lofeudo, esposa de la víctima, y otros circunstanciales testigos que resultaron claves al momento de la detención.

Las audiencias se harán los jueves y viernes hasta el 3 de marzo y se citó a más de 70 testigos. El 16 y 17 prestarán declaración, entre otros, algunos policías que prestaban servicio en Tandil al momento del asesinato de Moreno -que habría ocurrido el 3 de mayo del 77-, empleados de clubes cercanos a la "chacra de los Méndez" (en que estuvo recluido el abogado), y vecinos de la quinta a la que la víctima se acercó a pedir desesperadamente socorro poco antes de su homicidio.

La historia desnuda contradicciones tan profundas a veces que uno de los policías convocados a testificar, al momento de recibir la citación, preguntó: "¿Como testigo o como imputado?"

En los días siguientes están también citados personajes como el ex comisario Alberto Balquinta y el ex general Aníbal Ignacio Verdura. Este último, no sólo era la figura emblemática de aquellos años de oscuridad y muerte en la ciudad sino vecino de Moreno. Pero también contarán sus recuerdos sobrevivientes del horror que estuvieron secuestrados en centros clandestinos de detención como La Huerta, de Tandil.

El gran interrogante -más allá de las imputaciones concretas a quienes la Justicia procesa como autores penalmente responsables del secuestro y crimen de Moreno- es la autoría intelectual. Y algunas respuestas aparecen de la mano de ciertos expedientes y causas judiciales que Moreno tramitó ante la Justicia del Trabajo por aquellos años ligados a probar la existencia de una enfermedad laboral propia de la industria minera llamada silicosis. Expedientes que fueron incorporados a la causa como material documental.

Son muchas las preguntas y miles las hipótesis. Algunas lograrán ser satisfechas a través de las audiencias. Otras quedarán eternamente como dudas o -a lo sumo- como convicciones internas nunca probadas por vía judicial.

Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) incorporados a la causa plantean la existencia tres fichas confeccionadas a nombre de Carlos Alberto Moreno que acreditan la persecución de la que fue víctima. Esas fichas fueron elaboradas respectivamente el 3 de octubre de 1973, el 4 de abril de 1974 y el 20 de mayo de 1977. En la segunda se alude a su pertenencia a una organización de nombre de fantasía inventado claramente para justificar el fichaje: ahí se lo identifica como integrante de la Juventud Peronista Pacifista Tandil (¿?). En la última, cuando ya Moreno había sido asesinado, constaba como DS. Es decir, "delincuente subversivo". La misma categorización con que se lo identificó en los medios periodísticos de aquellos días con el texto de un informe del Comando de la Primera Unidad de Caballería Blindada del Ejército Argentino, firmado por el general Alfredo Oscar Saint Jean, diciendo que "un miembro de la organización subversiva Montoneros fue abatido por fuerzas de seguridad al intentar evadirse cuando era trasladado, en calidad de detenido a una unidad militar (...) El extremista muerto fue identificado como Carlos Moreno, (...)".

Esta parafernalia discursiva está muy lejos de la realidad concreta que ubica a Carlos Alberto Moreno, ensangrentado, lastimado, torturado, semidesnudo, vulnerable e indefenso huyendo de su cautiverio al que había sido llevado después de presentar un pedido de licencia por su esposa ante las autoridades de la Escuela de Comercio de Olavarría. (Ese momento de fuga está magistralmente musicalizado en la película de su hijo con la canción "El aparecido", de Víctor Jara diciendo "correle, correle, correla, correle que te van a matar...")

Lo habían levantado con un Renault naranja poco antes de las 22 del 29 de abril de la esquina de Dorrego y Lamadrid. Lo mantuvieron cautivo hasta que logró fugar pocos días más tarde por las afueras de Tandil. Y fue recapturado a poco de pedir ayuda en una chacra de la zona. Le dispararon varios disparos y después, lo remataron con palazos sobre su torso desnudo.

En tres semanas -y después de 35 años desde el secuestro y homicidio- comenzará el juicio. Están imputados el máximo responsable del regimiento de Tandil, dos integrantes de las fuerzas de seguridad de aquella ciudad y dos civiles, propietarios de la chacra en la que estuvo clandestinamente detenido y donde fue torturado.

Dos civiles que, además, ocupaban importantes lugares de poder económico en la ciudad. Con lo cual se tocará un costado poco abordado (no por casualidad) en la historia nacional de los últimos años que tiene que ver con la responsabilidad de sectores civiles durante el terrorismo de Estado. Lo que abrirá indudablemente una faceta que, para muchos, a más de tres décadas de distancia sigue siendo revulsiva.


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