Edición Anterior: 27 de Enero de 2013
Edición impresa // La Ciudad
ENTREVISTA. Habla el juez federal Roberto Falcone, de los tribunales que juzgaron el Circuito Camps y la causa Moreno
"Los poderes económicos hacen su lobby para tratar de disciplinar al Poder Judicial"
Roberto Falcone, juez federal, integró los tribunales que juzgaron los crímenes cometidos en el Circuito Camps y presidió el juicio por el secuestro y asesinato de Carlos Alberto Moreno. Habla de las presiones corporativas y mediáticas a la Justicia. Y advierte que el terrorismo de Estado fue una obra colectiva.
Claudia Rafael
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Mira con optimismo el almanaque. Los dos últimos días de febrero participará, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de la asamblea jurídica impulsada por magistrados, defensores oficiales, académicos y funcionarios judiciales de cara a la "democratización" del sistema jurídico. El juez en lo Federal, Roberto Falcone, es uno de los impulsores. Y enfatiza con fervor que "no se puede ser tan ingenuo de pensar que sólo se perjudica la independencia con presiones políticas. Porque también los poderes económicos hacen su lobby y para eso utilizan la presión mediática, que es una manera de disciplinar al Poder Judicial y obligarlo a tomar una determinada resolución ante el conflicto".

Formó parte del tribunal que apenas un mes atrás condenó al primer funcionario civil por delitos de lesa humanidad, el ex ministro de gobierno Jaime Smart. Pero a su vez, fue quien presidió el tribunal que poco menos de un año atrás juzgó a los asesinos del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno y que ordenó investigar la presunta vinculación de la empresa Loma Negra.

-Hoy la Justicia está en el centro del debate y como uno de los grandes ejes de las pujas políticas. ¿Cómo lo analiza?

-La Justicia tiene hoy un protagonismo inusual porque está cumpliendo un rol de suplencia general ante la falta de respuesta del poder político. La gente reclama a la administración de justicia diversas soluciones que tendrían que dar otros estamentos.

-¿Cómo la deja parada esa exigencia constante de pretender respuestas que no le corresponden?

-Lo que ocurre es que hay muchas respuestas que tienen que ser dadas con políticas sociales. Y cuando esas políticas no llegan al hombre de a pie, se direcciona su reclamo hacia la administración de Justicia. No todos los reclamos se resuelven judicialmente. El exigir a la Justicia la intervención en casos que excede un conflicto entre partes deja muchas veces al ciudadano con un sabor amargo.

-Entonces... ¿cuál es la salida para el ciudadano de a pie?

-La democracia tiene que ser mucho más participativa y ahí se reduce la brecha entre Estado y ciudadano. Como esa brecha es grande, se reclama la intervención de la Justicia. Y por supuesto que tiene que hacerlo, pero no puede en todos los casos. Y eso, a veces, la deslegitima.

-Esa es una de las patas del protagonismo. Pero si uno en lugar de mirarla desde la perspectiva del ciudadano de a pie, la mira desde las corporaciones, ¿cuál es la pretensión?

-Creo que cuando las corporaciones son parte en procesos que deben dirimirse judicialmente ejercen todo el poder que tienen para que se falle a su favor. Las corporaciones no sólo vuelcan sus argumentos en un escrito ante el juez. Ejercen además todo tipo de influencias o presiones para que se les reconozcan las pretensiones. Muchas veces se critica la influencia que puede ejercer el poder político sobre la administración de justicia, que es muy censurable. Pero tanto como la que ejercen los poderes económicos concentrados, los poderes mediáticos hegemónicos y de eso no se habla. La mayor presión que sufren hoy los jueces es la mediática que no sólo está ligada a la libertad de expresión y al deber de información. Está ligada a otros intereses. No se puede ser tan ingenuo al pensar que sólo se perjudica la independencia con presiones políticas. Porque también los poderes económicos hacen su lobby y para eso utilizan la presión mediática, que es una manera de disciplinar al Poder Judicial y obligarlo a tomar ante el conflicto una resolución determinada.

-A lo largo de los juicios por delitos de lesa humanidad en los que actuó, ¿qué fue desentrañando sobre el rol de los medios en esos años?

-El rol de los medios fue triste, porque de alguna manera contribuyeron a afianzar la imagen de que había bandas armadas en la sociedad. Y que las víctimas eran víctimas de enfrentamientos reales cuando en realidad se trataba de jóvenes trabajadores o estudiantes, secuestrados de sus hogares, llevados a centros clandestinos donde eran torturados y luego asesinados. Pero sería muy injusto si uno hiciera foco en la responsabilidad de los medios y no dijera que al mismo tiempo el Poder Judicial no empleaba las diligencias mínimas para averiguar a través de los hábeas corpus qué pasaba con la gente que desaparecía. Fíjese que en el Palacio de Tribunales, en el primer piso se rechazaban los hábeas corpus que se presentaban sobre personas secuestradas y en el subsuelo, en la morgue, se hacían las autopsias. Como también hay que hablar de la ausencia de voz de parte de la Iglesia de no decir lo que pasaba, con sacerdotes comprometidos con las sesiones de tortura como hemos visto en el Tribunal Oral Federal de La Plata. Hay una corresponsabilidad de muchos sectores de la sociedad argentina. Sin dejar de lado la Universidad. Que enseñaba formalmente los artículos de la Constitución como si estuviera vigente.

-Sin ir más lejos, a Adriana Calvo de Laborde se la cesanteó de la Universidad de La Plata por abandono del cargo cuando en realidad estaba desaparecida. La complicidad fue enorme...

-Absolutamente. Desde enseñar que está abolida en la Argentina la pena de muerte cuando se aplicaba como parte de un derecho penal subterráneo de sangre y lágrima que lo sufrían miles de compatriotas... Desde el mismo momento en que eso se niega, es que tenemos que revisar nuestro pasado y ver todas las omisiones en que hemos incurrido para remediarlo. O por lo menos para ponerlo en claro.

-El gran tema es ¿qué ocurre con todo eso cuando vemos que ese derecho penal subterráneo lo sufren hoy infinita cantidad de chicos pobres de los márgenes asesinados por gatillo fácil?

-Yo tengo una crítica feroz hacia la policía porque no creo que esa policía que fue el brazo armado de la dictadura, por el hecho de que asuma un gobierno democrático se convierta en la policía de la democracia. Creo que hay que cambiar profundamente la enseñanza. Yo creo que la policía tiene que comprender que no es el poder ante el ciudadano, sino un servicio público. Me parece que tiene que comenzar por saber cuáles son los derechos fundamentales del ciudadano, pero además tiene que haber un fuerte control que no puede provenir de la misma fuerza. La policía de la provincia de Buenos Aires constituye prácticamente un ejército por el número de efectivos. Me parece que habría que pensar en descentralizarla, en tener un fuerte control civil, un control de la ciudadanía y empezar a transformar este concepto de policía de seguridad tan reclamado por la sociedad cuando exige seguridad. Pero me parece que hay que ir hacia un modelo de policía comunitaria, más vinculada con el ciudadano, que pueda inclusive resolver problemas sociales mínimos y no sólo ver en el uniformado un funcionario encargado de la seguridad. Pero hoy los delitos contra los ciudadanos de a pie son cometidos tantas veces por personal uniformado. Quien debería cuidarnos de la arbitrariedad y la violencia es justamente el encargado de realizar conductas arbitrarias y violentas contra los ciudadanos.

-Sin ir muy lejos quedó más que radiografiado en el informe Candela...

-Por supuesto. Y nadie se tiene que poner contento porque un imputado en una seccional a las 3 de la mañana confiesa un delito si no estuvo asistido por su defensor, si la declaración no se tomó en la sede de la fiscalía. El crimen debe ser investigado exhaustivamente. Pero al mismo tiempo debe ser investigado con la ley procesal, con la Constitución, con el Código Penal, porque las garantías son las herramientas de los pueblos civilizados. Entonces, cuando frente al aumento de la inseguridad se reclama aumento de mano dura es como que se instala un mensaje de que las garantías sólo favorecen la impunidad, que las garantías son sólo para los delincuentes, que no son para las víctimas. No. Las garantías son para el Estado de Derecho. Mientras no desarraiguemos de la sociedad esa concepción tan simplista va a ser muy difícil que podamos producir cambios importantes en la labor policial.

-Así como durante el terrorismo de Estado nada hubiera existido sin una apoyatura social, si hoy no hubiera un consenso para determinadas prácticas, indudablemente no se darían...

-Hay que implementar otras prácticas, oxigenar las instituciones y darnos, además, todos los debates necesarios aunque a veces resulte doloroso. Hay que sacar las cosas a la luz y hablarlas. Me parece que cuando se exponen los conflictos, van surgiendo soluciones. Y se van modificando prácticas que nos retrasan.

-¿Dentro de esas cuestiones dolorosas habría que incluir el consenso civil al terrorismo de Estado?

-Sin lugar a dudas. Porque el terrorismo de Estado fue una obra colectiva llevada a cabo desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas hasta las mínimas jerarquías. Todos contribuyeron. Pero hay otros autores detrás de estos autores que no son los cómplices, sino los verdaderos ideólogos. Los que concibieron también el plan criminal, sistemático, ejecutado por las Fuerzas Armadas. No son en muchos casos funcionarios públicos. Son empresarios con roles preponderantes que, a partir del terrorismo de Estado, se sacaron a los representantes gremiales, ampliaron su ámbito de actuación, maximizaron sus ganancias. Por supuesto que tienen que ser investigadas y cuando se acredite que hay indicios para vincularlos con los criminales concretos juzgarlos y sentenciar. Al avance del enjuiciamiento a delitos de lesa humanidad le falta la pata de los autores civiles. Ellos también cometieron delitos en el desarrollo de la macrocriminalidad estatal.

-Se refiere, por ejemplo, a la orden de investigar a la empresa Loma Negra que ustedes incluyeron como parte de la sentencia de la causa por el crimen de Carlos Alberto Moreno...

-Ordenamos investigar si efectivamente la determinación del secuestro y asesinato de Moreno provino de una empresa dirigida por personal civil. Es una hipótesis surgida del debate.

-Uno sigue lamentando que los juicios por los delitos de terrorismo de Estado hayan llegado tantas décadas después de cometidos... ¿Qué se siente cuando se debe juzgar a un genocida que hoy, sin embargo, tiene la imagen de un abuelo de 80 ó 90 años?

-Uno se retrotrae al momento de los hechos. Por supuesto que son ancianos y nosotros respetamos todas sus garantías. Pero los homicidios que cometieron en centros clandestinos de detención son acciones dirigidas contra personas indefensas, desprotegidas, a quienes se les negaba la identidad, se las despersonalizaba, no tenían noción de tiempo ni de lugar, no estaban alimentadas ni tenían agua. No estamos juzgando a ancianos. No estamos juzgando al tierno abuelito. Estamos aplicando el derecho penal a situaciones que ocurrieron en el pasado. Y la imposición de una pena es una garantía de no repetición y una reafirmación del Estado que cree en el valor de la vida y que la vida no se puede expropiar por el mero pensar diferente. Y hay que hacerse cargo de lo que se hizo en el pasado.

-A futuro, ¿qué sueños se plantea?

-Creo que ahora se va a producir un debate dentro de la misma administración de justicia. Lo propone un movimiento de jueces que quiere cambiar estas visiones sesgadas que salieron de la Comisión Nacional de la Independencia Judicial, que sólo critican las supuestas presiones del poder político pero se callan ignominiosamente ante las presiones del poder económico.

-¿A qué aspiran desde ese movimiento?

-Por lo menos, a que la gente no tenga esa visión homogénea que se pretende dar de la Justicia, esa idea del juez medroso, del juez asustadizo y que siempre termina fallando a favor de los grandes intereses y divorciado de los intereses de la sociedad.

-Eso es en el terreno discursivo. Pero en el terreno de lo concreto, ¿qué plantean?

-No soy el portavoz. Vamos a hacer la asamblea el 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional. Creo que hay que abrir el Poder Judicial, pero es eso lo que se va a discutir en la asamblea.

-¿Cuál es su propia visión de cómo hay que abrirlo?

-Creo que hay que democratizarlo. Todos los jueces tienen que ser iguales. Tienen que tener la misma jerarquía. Hay que cambiar algunas cuestiones de procedimiento. Es mucho lo que hay que hacer, pero escapa a un análisis individual.

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