Edición Anterior: 27 de Febrero de 2019
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Una apuesta riesgosa para el oficialismo
La inseguridad como bandera electoral
En Olavarría hace ya un par de años que comenzó a advertirse un aumento notable de los delitos que habitualmente se consideran fruto de la pobreza y son casi siempre pequeñas raterías, pero que influyen enormemente en el ánimo de la población.
Daniel Puertas

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Con pocos logros para exhibir, el oficialismo planea utilizar la política de seguridad como herramienta electoral poniendo el acento en el endurecimiento de las penas y la baja en la edad de imputabilidad y promocionando éxitos, reales o ficticios, en la lucha contra el narcotráfico.

Es posible que esa apuesta presente riesgos que quizá no han sido correctamente medidos, ya que por lo general enarbolar la bandera de la inseguridad es más eficaz cuando se lo hace desde la oposición que desde el oficialismo, ya que para la mayoría de los ciudadanos quien gobierna es en gran medida responsable de esa situación.

Es cierto que el temor a convertirse en víctima de un delito afecta, según el estudio de Latinobarómetro, a más del 80 por ciento de la población argentina, pero eso no significa que toda esa gente le vaya a creer al Gobierno que a partir de ahora va a comenzar a hacer las cosas bien.

En Olavarría hace ya un par de años que comenzó a advertirse un aumento notable de los delitos que habitualmente se consideran fruto de la pobreza y son casi siempre pequeñas raterías, pero que influyen enormemente en el ánimo de la población.

Y esa es, además, la forma de delito más difícil de prevenir y combatir.

Además el aumento de los índices delictivos son una consecuencia directa de las desigualdades. En sociedades pobres pero con menos diferencias sociales el volumen del delito es menor que en sociedades menos equitativas.

Y todos los indicadores marcan que las desigualdades sociales se profundizaron en la Argentina en los últimos años. Una medición de poco tiempo atrás señala que hubo una transferencia de cuatro puntos del PBI de la inmensa mayoría de la población hacia el sector más rico.

Por ende los delitos contra la propiedad seguirán en aumento como consecuencia inevitable de las condiciones sociales, lo que acentuará los temores de la gente.

Hoy la inseguridad fue desplazada del primer puesto de la tabla de desvelos de los argentinos por la economía, pero sigue siendo muy importante. Años atrás había más preocupación por la inseguridad por una razón sencilla: la mayoría de los ciudadanos tenía más cosas para perder y no tenía demasiado miedo a perder el empleo o no poder pagar los servicios.

Como ocurre siempre con las estrategias electorales, el mayor riesgo es que la gente no se las crea. Este peligro parece haber sido subestimado por el Gobierno si realmente piensa en basar su campaña en la inseguridad sin tener en cuenta que carece de las herramientas para cortar de cuajo la forma del delito que más alarma a la población.

Propuestas como bajar la edad de imputabilidad a 15 años hoy no mueven el amperímetro, sin contar que para poner en práctica una medida de ese tipo habría que desconocer tratados internacionales firmados por la Argentina.

¿Y qué otra propuesta para combatir la inseguridad puede formular el Gobierno en su campaña? El agravamiento de las penas ya se probó unas cuantas veces sin que se haya probado su eficacia electoral.

Las calles ya se poblaron de policías en todo el país y ningún estudio muestra que la gente se sienta más segura por eso.

Los analistas conjeturan a partir de ciertos datos objetivos que la campaña oficialista puede basarse en la inseguridad y en la corrupción del gobierno anterior. Y en el segundo punto tampoco el panorama es alentador para el Gobierno.

El año pasado un 53 por ciento de los encuestados por Latinobarómetro creían que en los hechos de corrupción estaban involucrados el Presidente y sus funcionarios, algo que más allá de lo equivocada o acertada que pueda ser esa opinión prueba el escepticismo que domina el ánimo popular.

Y en ese estudio hay otro dato que demuestra que el oficialismo tampoco la tendrá fácil para ganar votos acusando al kirchnerismo: nada menos que el 40 por ciento de los argentinos cree que se puede aceptar cierto grado de corrupción con tal de que se solucionen problemas.

Es decir que aunque muchos votantes le crean al discurso del Gobierno sobre la corrupción anterior, es muy probable que buena parte de ellos esté dispuesta a bancársela con tal de que se arreglen algunas cosas. E inevitablemente cada uno comparará la situación en la que se encontraba tres años atrás con la de ahora.

Si a esto se le suma que el 56 por ciento de la gente creía el año pasado, cuando Cambiemos ya llevaba dos años en el gobierno, que la corrupción había aumentado queda claro que enancarse en la corrupción con fines electorales quizá no sea muy efectivo para el Gobierno.

Por lo tanto, los dos caballitos de batalla electorales que dicen que intentará utilizar el Gobierno quizá no lo lleven demasiado lejos.

El Gobierno debería recordar que en la historia de la democracia generalmente ha habido un arma efectiva para ganar elecciones desde el poder: gobernar bien. Es cierto que no siempre ha resultado decisiva en una votación en particular, pero a la larga siempre terminó imponiéndose.

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