Edición Anterior: 1 de Abril de 2019
Edición impresa // La Ciudad
El proyecto de ordenanza del eseverrismo se analiza en comisiones
Proponen que Olavarría adhiera a la "Ley Micaela" para capacitación en género
Se busca obligar a todos los funcionarios y agentes municipales del Ejecutivo y Legislativo a capacitarse en la temática de violencia de género. "Deben ser políticas públicas de largo plazo y sostenidas en el tiempo" sostuvieron los autores. La Provincia de Buenos Aires adhirió la semana pasada a la ley nacional 27.499.
El eseverrismo propuso que Olavarría adhiera a la denominada "Ley Micaela" al tiempo que se señaló la importancia de pensar las temáticas de género como políticas de largo plazo y sostenidas. En este caso, se trata puntualmente de promover la capacitación sobre violencia de género para funcionarios y agentes municipales. La intención es que sea obligatoria, para lo que se contempla la posibilidad de "intimar" a quienes se nieguen a participar.

El bloque de concejales Cuidemos Olavarría presentó el proyecto de ordenanza en el que promueve la adhesión del Municipio a la ley nacional 27.499. "Tiene como principal objetivo formar, concientizar al personal y funcionarios del Estado en la lucha contra la violencia de género" se explicó desde el eseverrismo al tiempo que se tomó en cuenta que desde su sanción en el Congreso de la Nación, tanto la provincia de Buenos Aires como distintos distritos municipales han adherido a la norma, tal como sucedió en La Plata y Tandil.

Desde el bloque de concejales se destacó que "el proyecto de ordenanza prevé que sea el Departamento Ejecutivo el encargado de establecer la forma en que se materializará la adhesión a la ley nacional a través de la Dirección Municipal de Políticas de Género".

El proyecto de ordenanza fue presentado en el inicio de la última sesión legislativa. Se formalizó así su ingreso para dar paso al estudio en las comisiones de Género, Hacienda y Legislación. De esta manera, se espera que en breve comience su debate.

Al respecto, desde el bloque de concejales del eseverrismo se destacó que "los temas de violencia de género deben ser políticas públicas de largo plazo y sostenidas en el tiempo, por lo que se buscará un trabajo entre el Ejecutivo y el resto de los bloques".

Se tuvo en cuenta que en Olavarría ya existen diversas ordenanzas en vigencia que promueven la prevención de la violencia contra la mujer. Entre ellos, se destacó la ordenanza 3.910/15 que creó la partida presupuestaria de Atención Integral de la Violencia contra la Mujeres, Género y Familiar y la ordenanza 3.980/16 que inhabilita a cargos jerárquicos y empleo público a personas que tengan causas de violencia de género y familiar. Se recordó que ésta última fue presentada por el espacio político liderado por José Eseverri.

El proyecto

El proyecto consta de una decena de artículos, el primero de los cuales pide la adhesión del "Municipio de Olavarría, en lo que resulte de su competencia, a la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado) y la adhesión de la Provincia de Buenos Aires mediante Ley sancionada por la Legislatura el viernes 22 de marzo de 2019".

Luego, se busca establecer "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público municipal". El alcance es general para todas las funciones y jerarquías, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Quienes quedarán alcanzados por esta normativa, deberán realizar las capacitaciones según lo determine la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, organismo que se propone como autoridad de aplicación. También se habilita a la dirección a establecer convenios y articular trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres en función a las certificaciones de calidad de las capacitaciones.

A su vez, se señala que las autoridades de cada área municipal "deberán apoyar" a la Dirección de Políticas de Género para la aplicación de la normativa y se establece que "las capacitaciones deberán comenzar a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia" de la ordenanza.

"La autoridad de aplicación deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones" se propone también en el articulado además de establecer la posibilidad de "intimar" a quienes se nieguen a participar de las capacitaciones.

Por último, la normativa también invita a las entidades intermedias de Olavarría a "propiciar e impulsar en sus asociados, las referidas capacitaciones en género y violencia contra las mujeres".

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