Edición Anterior: 5 de Mayo de 2021
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Protesta por el cierre obligado de sus espacios
Profesores y propietarios de gimnasios y natatorios, otra vez alertas y movilizados
La Asociación de Centros de Actividad Física y Salud de Olavarría presentó ayer una nota en el Municipio. "A esta altura tenemos menos paciencia que el año pasado" dijo el profesor Jarrié. "¿Qué es lo que cambió?" se preguntó su colega Gustavo Corletto.
Daniel Lovano

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Conocidas en la rueda de prensa del pasado lunes las restricciones impuestas por el gobierno comunal a gimnasios y natatorios, de inmediato se llevó a cabo una reunión de urgencia de la Asociación de Centros de Actividad Física y Salud de Olavarría, donde se decidió hacer una presentación de queja ante el Municipio.

El acto se concretó en el mediodía de ayer, con la participación de una veintena de profesionales de la actividad que, encabezados por el titular de la ACAFySO Julián Etchegaray, plantearon la preocupación y el rechazo ante un nuevo "parate", y pidieron una reunión con el intendente Galli y el Comité de Crisis.

Los voceros de la postura fueron los profesores Enzo Jarrié y Gustavo Corletto.

El primero de ellos, preparador físico además del plantel profesional de Estudiantes que juega la Liga Argentina de Básquetbol, señaló que "la decisión nos sorprende".

"Estamos hablado todo el tiempo con el Municipio, el pasado jueves estuvimos reunidos los integrantes de la Asociación con el doctor Caputo (Germán) y, si bien esperábamos una restricción horaria como en otras actividades comerciales, nunca imaginamos que nos iban a volver a cerrar", dijo.

"La sorpresa y el malestar es también porque nos enteramos por la conferencia de prensa del lunes. Estuvimos abiertos la semana pasada, con 200 casos todos los días y alto riesgo epidemiológico, y nos cierran ahora que hay 50 casos y estamos en riesgo medio. Capaz que si nos cerraban hace 15 días adheríamos con gusto. Hoy es medio incoherente esto" cuestionó.

Jarrié recordó que el colectivo pidió incluir a la actividad física dentro de la esencialidad.

"Hace poco presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante, porque está comprobado que las personas que hacen actividad física no sólo se recuperan mejor de la COVID, sino que tienen menos posibilidades de ocupar una cama en terapia intensiva" argumentó.

"Todos los avales fisiológicos y científicos demuestran que la actividad física es una aliada en la lucha contra la pandemia, y volvemos a ser los únicos que cerramos. Obviamente, a esta altura, tenemos menos paciencia que el año pasado" reveló.

En su defensa mencionó que los gimnasios y natatorios respetaron los protocolos a rajatabla y que no se registraron contagios entre los asistentes. "Hace 8 meses que estoy trabajando 9 horas por día y no nos hemos contagiado. Está comprobado que los contagios no se dan en nuestros espacios, donde el mismo usuario se siente muy cuidado" apuntó.

"Después de estar tanto tiempo parados, creo que somos el sector que más conciencia tomó del respeto a los protocolos. Por la necesidad de trabajar, a veces hasta por demás" enfatizó.

"La medida de cerrarnos a nosotros no va a bajar la circulación. Hubiese sido mucho más coherente copiar lo que se hizo en Tandil, cerrar toda actividad comercial a las 18 y a partir de allí se corta la circulación. Parece que nos cierran a nosotros porque somos los más fáciles de cerrar" ironizó.

Jarrié declaró que, así como durante la pandemia han circulado materiales en redes sociales con irregularidades o violaciones a las disposiciones sanitarias, "jamás" en todo este tiempo "se conoció algún incidente o alguna imprudencia dentro de los ámbitos de la actividad física".

"Somos todos docentes y no nos vamos a ensuciar haciendo cosas que no se pueden. Si son 14 días, que sean 14 días y volver a trabajar, porque encima esta medida nos agarró a principios de mayo, con un montón de cuestiones económicas por resolver. De lo contrario, hay espacios que ya manejan la posibilidad de bajar definitivamente las persianas" advirtió.

Cerrar más temprano, trabajar con un aforo menor y otras medidas fueron propuestas por la ACAFySO a la administración municipal. "Pero el lunes estábamos trabajando y ahora estamos totalmente cerrados" lamentó.

"Hay gente que quiere abrir igual, hay gente que quiere llevar la actividad al aire libre. Hay gente que quiere desconocer la norma; nosotros queremos manejarnos dentro de lo ético y lo correcto, pero tampoco podemos juzgar a un colega que tiene necesidad de abrir igual" consideró Jarrié.

"Hay mucho cansancio y muchas urgencias en el sector. Si bien todos trabajamos 6 meses, estábamos 6 meses de alquiler abajo. Trabajamos con muchas restricciones para acomodarnos con las deudas, con la buena voluntad de los propietarios y estamos todos cansados. Los dueños de los locales también. Y con la prueba de que podemos trabajar, que lo hacemos bien. No sé qué más necesitan" expuso.

Por su parte, el profesor Gustavo Corletto analizó la situación desde el lado de los propietarios de natatorios.

"Veníamos con un diálogo muy fluido. La otra vez que nos cerraron avisaron y esta vez nada. ¿Qué es lo que cambió? Cerraron los gimnasios y natatorios y nada más, eso es lo que nos da bronca" admitió.

"Caputo y Galli nos vienen diciendo que somos ámbitos de salud, que no se detectaron contagios. Teníamos todo a favor, estábamos en plena lucha para ser esenciales, y de pronto nos volvieron a cerrar" indicó.

A tono con lo anticipado por Jarrié, Corletto alertó que "hay gente que va a abrir igual porque tiene muchos gastos fijos".

Y resaltó que "en los natatorios no hubo registros de contagios desde que volvimos a trabajar. Está avalado por muchas entidades que el cloro mata al virus. Las piletas corremos con esa ventaja, igualmente seguíamos trabajando con los protocolos: no metíamos mucha gente; entraban y salían con barbijos de los vestuarios; los vestuarios eran sólo para cambiarse, no había duchas. Creo que la pifiaron mal".


Cuando la pandemia hace colisionar derechos

Las restricciones sobre gimnasios y natatorios anunciadas el pasado lunes por el gobierno comunal, como otras medidas adoptadas en este último año y pico por los distintos niveles del Estado, volvieron a poner sobre la mesa una de las cuestiones más complejas de este tiempo complejo: la colisión del derecho a la salud con otros derechos fundamentales, en este caso el derecho al trabajo.

Ya lo planteó en enero de este año un trabajo publicado por "Revistas Científicas" de la Universidad de la Costa, con sede en Barranquilla (Colombia), donde decía que "en contextos de epidemias/pandemias, la salud es un derecho fundamental y es entendido como derecho-núcleo que funciona como eje articulador desde y hacia donde se dirigen las acciones de los órganos de gobierno, primariamente, y de los demás actores públicos y privados, secundariamente.

"La potestad del Estado de invocar legítimamente la protección de la salud colectiva como causa de restricción de ciertos derechos y libertades producirá inevitablemente un conflicto en el ejercicio de otros derechos fundamentales (...)

"Se concluye que, en el desarrollo de una epidemia/pandemia, cuanto más amenazada se encuentra la salud colectiva y los demás derechos estrechamente vinculados, mayor será el rol del Estado en la consecución de sus obligaciones de hacer manifestadas en sus decisiones políticas y políticas públicas.

"El Estado -en tanto ente garante y servidor del respeto y realización de los derechos y libertades fundamentales- deberá armonizar aquellos que estén en conflicto con una mirada a corto, mediano y largo plazo, y siempre direccionado por el principio de proporcionalidad, en consonancia con los límites constitucionales y convencionales".

Consultado sobre este tema el abogado olavarriense Juan Pablo Villeres, reflexionó que "todo ordenamiento jurídico contiene valores, a los cuales protege. Eso establece una especie de escala, y todos los ordenamientos jurídicos priorizan el valor vida".

"Estos ordenamientos jurídicos también atienden a circunstancias colectivas e individuales, con lo cual también estamos hablamos de una sumisión de los derechos particulares a los derechos colectivos" dijo.

"En esta circunstancia de extrema crisis sanitaria, por la representación institucional que le hemos asignado, la gestión tiene el derecho y la obligación de establecer cuáles son las normas de funcionamiento de la sociedad" analizó Villeres.

"El valor vida es un valor colectivo que prima sobre todos los otros derechos individuales. Ahora, también es entendible la situación por ejemplo de dueños de gimnasios y natatorios, que deben ceder sus derechos individuales cuando hay un colectivo bastante grande que no los cede" advirtió.

"Los propietarios por una cuestión que tiene que ver con el contrato social deben someterse a la voluntad de la gestión política, pero desde mi punto de vista deberían ser compensados por ese esfuerzo excepcional" opinó.

Villeres hizo referencia a planteos análogos, pero por la educación presencial.

"El derecho a la educación también es un derecho humano, pero en este caso claramente prima el derecho a la vida, no sólo por un valor en sí mismo, sino en función de la emergencia. Acá no habría niños en la escuela con sus padres o ellos mismos afectados por la enfermedad".

"En definitiva, existen bienes jurídico tutelados, el pacto social establece que los gestores o autoridades políticas han determinado que debido a la crisis sanitaria haya algunas actividades que no puedan ejercitarse con normalidad, una de ellas son los gimnasios y natatorios, que por supuesto deben acatar la norma" indicó el doctor Villeres.

"Pero, subrayo, debería contemplarse un modo de resarcimiento, indemnización o compensación por este esfuerzo excepcional" cerró.

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