El encierro se triplicó en 18 años: no es la cárcel una panacea ante la inseguridad

Tres mil detenidos más en lo peor de la pandemia. Y el grueso de las aprehensiones no cuentan con orden judicial previa

Claudia Rafael

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El endurecimiento de la política criminal y el incremento del 300 por ciento del número de detenidos en la Provincia, como ocurrió a lo largo de las últimas dos décadas, indudablemente no resuelve el tema de la inseguridad. En la actualidad hay casi 49 mil detenidos entre las 52 unidades penales; de los cuales el 52 por ciento no tiene condena firme. En 2002 los privados de libertad eran algo menos de 17 mil. Claramente, a juzgar por los resultados, no es ése el camino. Pero hay que agregar otros aspectos: el grueso de las aprehensiones policiales –según la web Datos abiertos, de la Comisión por la Memoria- no tiene orden judicial previa en una suerte de punitivismo que se asemeja a mecanismos de control. Que no redundan en la tranquilidad para la vida ciudadana.

El crimen de Lucas Cancino, de escasos 17 años -cuando salía de su casa, en Quilmes, para ir a la escuela-, y el hecho de que quienes son sospechados por su asesinato para robarle su bicicleta y su celular sean muy jóvenes, es una pintura atroz. De la que sólo buscan exponer públicamente su preocupación los sectores más reconcentrados del manodurismo, en los últimos tiempos elevados a su máxima expresión por figuras como las de Sergio Berni o Patricia Bullrich. Las respuestas que terminan ofreciendo se alejan a kilómetros luz de la prevención y se zambullen por completo en los discursos efectistas. Discursos que se plantan de lleno en los reclamos de políticas represivas. Para el resto, desde la progresía, siempre resulta un tema incómodo del que hacerse cargo.

Aprehensiones

De alguna manera, observar con detenimiento la página de estadísticas "Datos Abiertos, Violencia estatal en la Provincia" que acaba de estrenar la Comisión por la Memoria, ofrece los recorridos de las prácticas estatales de las últimas dos décadas.

El mundo que se abre de la mano de esta web es amplio y recorrer el abanico ofrece infinitas respuestas. Es un hecho insoslayable que la justicia penal tiene su fuerte en la tramitación de sumarios policiales. Esta conclusión surge de los números de 2012 a 2020 en que apenas el 11 por ciento de las privaciones de libertad (en promedio) tuvieron orden judicial previa en todo el territorio bonaerense. El resto fueron aprehensiones convalidadas por la justicia con posterioridad.

Por otro lado, en 2019, el 83 por ciento de las aprehensiones policiales no fueron luego convalidadas por la justicia penal. Y el 93 por ciento no derivó en encierro carcelario. Un año más tarde, en 2020 sólo fue convalidado el 9 por ciento y apenas el 4 por ciento derivó en encierro.

En el departamento judicial Azul el promedio de aprehensiones con orden judicial previa es del 15,66 por ciento. Casi cinco puntos más que en el total provincial. Y, en 2020 se llegó al 23 por ciento.

La conclusión inmediata –y nada sorprendente- para estos números es que la bonaerense, como brazo armado del Estado, suele utilizar las aprehensiones como técnica de control territorial de los gobiernos. Y no precisamente como un mecanismo de prevención.

Pobreza y desocupación

Los sucesivos gobiernos han centrado sus políticas criminales en la represión del delito. Es decir, cuando ya es demasiado tarde y sólo queda como posibilidad la búsqueda de justicia. La prevención va mucho más allá de una política criminal y viene además de otras áreas de cada gobierno.

A lo largo de la historia de décadas de democracia, se han sembrado deudas internas que nunca se pagan. Con una levísima mejora en este trimestre, hay en el país 19 millones de pobres y seis de cada diez niñas y niños sobreviven entre la pobreza y la indigencia. Número que en el conurbano de las grandes ciudades se eleva a siete de cada diez. La desocupación, para jóvenes entre 18 y 30 años, llega al 26 por ciento. Son 16 puntos más que para el desempleo global.

No se puede perder de vista, en el análisis histórico, que la pobreza apenas superó el 5 por ciento promedio en los primeros años 70 y la dictadura cívico-militar no hizo más que cuadruplicar la cifra. Los gobiernos pos terrorismo de Estado implementaron una política de planes sociales que es imprescindible para tiempos críticos y que nace como paliativo temporal hasta la generación de trabajo real. Y si el trabajo genuino humaniza y genera organización familiar y social, la sucesión de planes sociales a lo largo de décadas opera para forjar dependencia y transformar en rehenes a sus receptores. Sin embargo, las políticas de los sucesivos gobiernos se han esmerado en el pago de deudas externas pero siempre queda para tiempos venideros el cumplimiento de las otras deudas.

Cifras necesarias

La muerte del chico de 17 años de Quilmes funciona, de algún modo, como un prisma que permite varias perspectivas para el análisis. Le querían robar una bicicleta y un celular y provocaron su muerte con un cuchillo. En los últimos 12 años se abrieron más de tres millones de investigaciones penales por presuntos delitos contra la propiedad. Es decir, el 37 por ciento del total de las causas provinciales. El mayor incremento se dio entre 2018 y 2019. Y, en promedio, implican 744 causas por día. En el caso de Lucas, todo concluyó en un homicidio.

Las cifras que ofrece Datos Abiertos da cuenta –con números actualizados a agosto 2021- de 48.883 detenidos en cárceles bonaerenses, de los cuales 25.852 están procesados; 22.158, condenados y los 873 restantes, con otras medidas: sobreseídos o sin prisión preventiva. Del número total, el 95 por ciento son varones; el 4,8, mujeres y el 0,2 por ciento son trans.

Sin embargo, ese número global ofrece apenas el panorama actual. Hay que recorrer los archivos de las últimas dos décadas para encontrar sorpresas. En 2002 había 16.831 personas privadas de libertad en el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense). Ese número trepó a 24.721, en 2005; a 26.903, en 2010; a 34.034, en 2015 y a 45.392, en 2020. Hoy, en plena pandemia y un año después, son 48.883. Aún con el mito fogoneado de que se soltaron miles y miles de presos a las calles.

Durante 2017 se demoró 275 días en promedio, en finalizar las causas penales. En 2018, fueron 291 días y, en 2019, 254. A su vez, desde el inicio de la instrucción penal (IPP) hasta el final del juicio, se tardó en promedio 657 días en 2017; 663, en 2018 y 634, en 2019. Pero hay un detalle de sumo interés: cada fiscal (siempre en promedio) tuvo desde 2016 a 2019, 1493 causas a cargo cada año. Y cada defensor, 1622, en promedio, por año, en el mismo período. En muchos casos, como se ve en alguna de las fiscalías de Olavarría, sin estructura propia.

La muerte temprana y violenta de Lucas Cancino vuelve a depositar sobre la mesa del análisis un debate al que se le rehuye. Como suele ocurrir además en tiempos preelectorales, ese homicidio se cuela de lleno en una agenda que no promete respuestas profundas y de largo plazo. Sino, simplemente, más de lo mismo.

La línea que promovió por estos días un Sergio Berni que –por distintas polémicas- vuelve al centro de la escena es la de depositar las responsabilidades en el Ministerio Público Fiscal y en el Poder Judicial: "así como sacamos a los policías que no funcionan, tenemos que sacar a los jueces y fiscales que no funcionan" (algo así como un guiño a la célebre frase cristinista acerca de "los funcionarios que no funcionan"). Y lanza un nuevo clamor de incrementar la política represiva al decir que "es injustificable tener 80 mil policías para la provincia que tenemos". Un sector al que se le responde con aumentos ni bien le hacen llegar un deseo.

Claramente el delito no es un efecto directo de la pobreza. Y la mejora en las condiciones socioeconómicas no implican tampoco un retroceso en piloto automático del delito. Pero hay un punto de partida básico: hay una sociedad que pasó –como definió alguna vez el sociólogo Esteban Rodríguez Alzueta- de la sociedad de bienestar a la sociedad de malestar. Y eso tiene sus costos para una comunidad. Del que los distintos gobiernos deben hacerse cargo.

Pero también hay que atreverse a poner en cuestión la idea de que el punitivismo puede ser la llave maestra para acabar con la inseguridad. "La idea de que el castigo resuelve todos los problemas se extiende como mancha de aceite y lo invade todo", escribió la abogada Claudia Cesaroni.

Los casi 49 mil detenidos en el SPB, las tres millones de IPP por supuestos delitos contra la propiedad en los últimos doce años, los 80.000 policías bonaerenses que aumentarían en número según el adelanto de Berni, no parecen ser un camino que marque el descenso de la inseguridad. Parece ser, por el contrario, más de lo mismo en una democracia que sigue teniendo a las deudas internas en la cima de la pirámide.

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