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Claudia Rafael  -  [email protected]

Las cárceles de Sierra Chica están a la cabeza de las denuncias por malos tratos

Muertes violentas, malos tratos y deficiente atención de la salud. El 12.5 % de las denuncias recopiladas por la Comisión por la Memoria en 2021 pertenecen a las cárceles de Sierra Chica. El grueso, se centran en la Unidad 2. La provincia tiene hoy una tasa de 428 detenidos cada 100.000 habitantes.

Desde hace dos décadas, al menos, entre siete y ocho de cada diez muertes dentro de las cárceles de la provincia tienen su raíz en "falta o deficiente atención de la salud". Así se desprende del último informe contra la crueldad que elaboró la Comisión por la Memoria. Caben infinitos interrogantes. Muchos tienen respuesta y otros tantos son contestados, en todo caso, por los números y las estadísticas.

Cuando el filósofo Tzvetan Todorov decía que "un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información" hacía alusión a algo de todo esto: el informe da cuenta de 45.544 denuncias por malos tratos, torturas o solicitudes de intervención que en sí mismas son una radiografía. Pero una radiografía sin nombre ni contexto familiar o humano. En ese mismo informe se da cuenta de la historia de Damián, un hombre de 39 años, que en la Unidad 38 de Sierra Chica terminó con la nariz amputada por la mordedura de otro preso. Fue trasladado a la Unidad 17 de Urdampilleta en donde no fue atendido debidamente por sus convulsiones por epilepsia y por su cuadro de diabetes hasta que finalmente murió. Ya la radiografía adquiere otro sentido.

El 17,1 por ciento del total de las denuncias tiene que ver con deficiente o nula atención sanitaria. El 15.5 por ciento, por malas condiciones materiales de detención. El 21 por ciento por falta de acceso a la justicia (que no es ni más ni menos que no poder ser escuchados por defensores o jueces, por desconocer el estado de la causa judicial, entre otros). El 7.1 por ciento por aislamiento extremo. La lista es más larga hasta llegar a completar las más de 45.000 denuncias.

¿Es justo preguntarse en ese contexto por cuál razón está detenido cada uno de los denunciantes? ¿Importa para darle o no acceso a la salud? ¿Para quitarle, como a Damián, la medicación para la diabetes y para la epilepsia dejándolo a merced de sus convulsiones en el encierro hasta que el corazón estalló?

Condiciones de detención

El 12.5 por ciento de los hechos denunciados se corresponden con las tres unidades penales de Sierra Chica. La 2, con 8,4 por ciento; la 38, con el 3,8 y el 0.3 en la 27. La 2 está a la cabeza de todas las denuncias, divididas entre un total de 52 unidades penitenciarias, 4 alcaidías penitenciarias (a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense), 9 alcaidías departamentales (a cargo del Ministerio y del SPB) y una unidad de tránsito. Es decir, la 2 en particular y Sierra Chica en general tienen el privilegio de contar con el mayor número de denuncias por irregularidades y malos tratos.

Durante 2021, la Unidad 2 "con casi 2.000 detenidos en promedio, contaba con un enfermero y un médico durante las guardias, que no alcanzaban a cubrir los siete días de la semana. Durante al menos dos días semanales estas 2.000 personas estaban sin médico de guardia disponible, por pedidos de licencia. La especialidad en psiquiatría no está cubierta", se lee en el Informe.

Bajo el subtítulo de Insumos, se agrega además que "en la UP 2 de Sierra Chica había sólo un pequeño tubo de oxígeno que -en palabras de los trabajadores de la unidad sanitaria- era problemático recargarlo cada vez que se requería" y "se denunció la falta de un desfibrilador para emergencias".

A su vez, el 7 de junio de 2021, una sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 1 de Azul, de Aníbal Álvarez, reconoce –en el marco de un hábeas corpus presentado por la Comisión por la Memoria sobre las condiciones edilicias de la unidad sanitaria- que "surge con claridad que existe una problemática estructural".

El análisis que hace la Comisión acerca de las razones de fondo para esta realidad plantea que "estas manifestaciones de violencia son transversales a las instituciones que integran el sistema carcelario y encuentran en el poder judicial la garantía para perpetuarse. Este tipo de testimonios no derivan en investigaciones penales, por lo que la violencia penitenciaria se sostiene y reproduce gracias a la impunidad que le otorga el poder judicial. Estas prácticas exigen el tratamiento serio de las autoridades ministeriales y judiciales, lo que implica reconocer la responsabilidad institucional en el surgimiento de hechos de violencia y en la gestión violenta de los conflictos".

Muertes violentas

Entre 2016 y 2021 hubo 926 muertes entre los detenidos de las diferentes cárceles. Los años donde esos números se elevaron particularmente a nivel global fueron 2020, con 178 y 2021, con 199. En la Unidad 2, fueron 2019 y 2021, con 11 casos en cada uno.

En el análisis que entremezclan lugar de detención y causal de muerte, los homicidios se produjeron en tres unidades: la 2, de Sierra Chica, con 4 casos; la 17, de Urdampilleta, con uno y la 37, de Barker con uno. "Los suicidios se distribuyeron en distintas unidades pero se destaca que 4 hechos ocurrieron en el complejo Florencio Varela (unidades 24, 31 y 32) y dos en la UP 34, (unidad neuropsiquiátrica)". Y cuando se analizan las muertes ligadas a problemáticas de salud a la cabeza aparecen la 22, (unidad-hospital) con 28 casos; 26, de Olmos, (destinada a adultos mayores), con 20; la 1, de Olmos, con 16 y la 9, de La Plata, con 10. Las dos últimas en el sector de internación.

A la hora de desgranar las muertes en 2021, la 2 de Sierra Chica tuvo 4 homicidios y 7 fallecimientos por problemas de salud. 

En lo que hace a los crímenes, el Informe alude a que son muertes vinculadas a "prácticas penitenciarias de delegación de la violencia en las personas detenidas y de habilitación del uso y circulación de armas blancas". Y en el análisis se apunta a que el Servicio Penitenciario "delega la violencia y terceriza el orden para garantizar su gobierno del encierro". Y en ese punto plantea como alternativas: por un lado, "encargo penitenciario", referido a "mecanismos de extorsión y entrega de armas (generalmente elementos corto-punzantes), de lastimar y/o robar a otro preso a fin de doblegarlo o incluso matarlo". Y, por otro, la liberación de zonas que "habilita o propicia los enfrentamientos entre presos o el sometimiento y/o robo de unos a otros".

La totalidad de los homicidios que tuvieron lugar en la Unidad 2, ocurrieron en el patio del pabellón mientras que en la 37, de Barker y en la 17, de Urdampilleta, en el sector de admisión.

Es habitual desde las cárceles aludir a que esos crímenes se producen exclusivamente por "problemas entre presos". Pero el detalle crucial es que no hay registros, requisas o controles que detecten armas fabricadas y que, además, el Servicio Penitenciario suele entremezclar grupos de detenidos que tenían conflictos barriales o zonales previos a la detención a pesar de conocer claramente la existencia de esas rivalidades.

En la actualidad, con cifras relativas a diciembre de 2021 hay 54.107 detenidos en la provincia contra 34.027 de diciembre de 2014. Del total, 44.762 están en cárceles; 4445 en comisarías, a pesar de estar prohibido y el resto, entre alcaidías y monitoreo electrónico. Hoy la tasa específica de encarcelamiento es de 428 cada 100.000 habitantes. Y para llegar a ese número se quita la población con menos de 18 años porque se está trabajando en esas estadísticas únicamente con la población adulta. Para entender el crecimiento de esa tasa, basta recordar que en 2010 era de 267 cada 100.000. El incremento fue del 60 por ciento en ese tiempo contra el 90 por ciento que se produjo entre 2000 y 2021, año en que se recuperó un nuevo record en los registros.

Toda una pintura y una radiografía social que, sin embargo, no tienen reflejo en los niveles de inseguridad que no parecerían combatirse desde esa perspectiva.

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