132067

17.06 | Información General El Dr. Bernardo Carricart se refirió al posible cierre de la clínica local de salud mental debido a una ley nacional

"Defendemos los derechos humanos de los pacientes pero también el derecho a la salud"


La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 exige el cierre o readecuación de instituciones de internación monovalentes. La clínica olavarriense sería una de ellas. El espíritu de la ley es la no vulneración de derechos. "La internación en un centro especializado no es sinónimo de vulneración de derechos", insistió Carricart.

"Es muy grave lo que está pasando porque no se toman medidas oficiales", afirmó el Dr. Bernardo Carricart, quien está a cargo de la clínica local de salud mental, en relación al momento de incertidumbre que vive la mencionada institución debido a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la cual exige el cierre o adecuación de las instituciones monovalentes para el inicio del año próximo.

Tras la resolución que afirmó la Ley Nacional de Salud Mental que surgió por el 2010 pero que se reglamentó en el 2013, doctores, personal y familiares de pacientes de la clínica local iniciaron movilizaciones, gestiones, y todo lo que estuvo "a su alcance" para buscar una solución al problema que plantea la ley nacional. Según los mismos, la situación "empeoró" en las últimas semanas.

Estrictamente, la ley prohíbe la creación de manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados; y la adaptación por parte los existentes a los principios expuestos en la ley hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación que se debió hacer en los últimos nueve años nunca se hizo, ya que los fondos para la misma no llegaron desde Nación.

El punto más preocupante es que la resolución que surgió desde la secretaría de Salud de la Nación en abril pasado confirmó que, según representantes de la clínica olavarriense, las instituciones de salud mental monovalentes deben cerrar a partir del 1º de enero del 2020. La clínica local sería una de ellas.

  Las preguntas en torno a lo que sucederá con los pacientes siguen sin tener respuestas.
"El drama es que el 1º de enero el cierre está y a nosotros no nos cubrirá ningún seguro, por lo cual tenemos que dejar de dar la prestación sino cambia algo para esa fecha. No podemos trabajar sin seguro, llegarían muchos problemas judiciales", lamentó el Dr. Bernardo Carricart.
Discurso y derechos
"¿Cómo nosotros vamos a ir en contra de una mirada ideológica de derechos humanos?; defendemos los derechos humanos de los pacientes pero también el derecho a la salud y a una asistencia llevada a cabo por un personal entrenado y profesional", explicó.

Según el doctor, la aplicación de la ley nacional significa "un daño para las instituciones que están trabajando con los pacientes de forma adecuada, existiendo una red extensa de prestación a través del PAMI". "El costo de estar gastando energía en todo ésto en vez de estar optimizando la red de prestación es muy alto y genera un entorpecimiento a la atención para los afiliados", lamentó.

A modo de reflexión, el representante de la clínica local de salud mental señaló que "18 municipios trabajan con nosotros, tenemos 75.000 afiliados del PAMI y lo cierto es que habrá pérdida de camas". "Más allá del discurso de que no debe haber clínicas monovalentes porque vulnera los derechos de los pacientes, aseguro que habrá más derechos vulnerados sin camas e instituciones públicas y privadas", manifestó.
Las familias de los pacientes
"Las familias saben muy poco de todo ésto y a la gente le cuesta movilizarse porque estamos hablando de personas golpeadas por los que le toca vivir", afirmó Bernardo Carricart. "Ésto se hizo y prosperó en parte por el desconocimiento de las familias de los pacientes. La realidad quedó muy sesgada al ámbito de salud mental pero no es conocida por autoridades ni por los municipios", agregó.

En este contexto, los familiares son quienes conforman uno de los sectores más perjudicados por la nueva normativa. "Los que están tomando conocimiento están en contra la medida y están movilizados, organizándose para tomar medidas judiciales si es necesario; es un drama, incluso hasta a los propios pacientes les está llegando información", afirmó.

"Las puertas de la institución están abiertas para desmitificar toda ésta mentira de vulnerar los derechos; acá hay una cuestión de salud y de una ley que nos permite tomar la decisión de internación cuando el paciente está en riesgo o en crisis", informó.
La nota completa la podés leer acá.