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05.08 | Policiales En el Instituto Próvolo

Sin prensa y con lenguaje de señas, comenzó el juicio por abusos

Se trata del mayor escándalo por denuncias de abusos sexuales eclesiásticos registrado en Mendoza. Los curas Nicola Corradi (83), Horacio Corvacho (59) y el administrativo Armando Gómez (57), son los tres imputados.

A puertas cerradas a la prensa y con traducción simultánea en lenguaje de señas ante la presencia de las víctimas y sus familiares, comienza en Mendoza el juicio por abusos sexuales cometidos en el
Instituto Antonio Próvolo para niños hipoacústicos contra dos curas y un jardinero que trabajaba allí.

El juicio que marca el mayor escándalo por denuncias de abusos sexuales eclesiásticos registrado en Mendoza comenzó contra los curas Nicola Corradi (83), Horacio Corvacho (59) y el administrativo Armando Gómez (57), los tres imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores".

El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gomez por seis hechos de abuso sexual a cada uno.

Otra acusación formal restante es por corrupción de menores (obligarlos a ver videos y revistas pornográficas). Esta causa ya tiene un condenado y es el monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó en septiembre del año pasado durante un juicio abreviado, ser autor de 11 abusos y deberá cumplir diez años de prisión.

Todas las denuncias contra los curas y contra los empleados del Próvolo provienen de ex alumnos del instituto, quienes manifestaron haber tenido entre 5 y 16 años al momento en que se produjeron los ataques. 

Corbacho, Gómez y Bordón, ya condenado, se encuentran alojados en cárceles mendocinas, en tanto que Corradi por su avanzada edad, cumple con la preventiva en modalidad de domiciliaria.
Asimismo en esta causa ya fue sobreseído y declarado "inimputable" Luis Ojeda (41), quien según dictaminó el Cuerpo Médico Forense en diciembre de 2017 "no comprende la criminalidad de los hechos".

Los cinco fueron denunciados por ex alumnos del instituto Próvolo de la localidad de la localidad mendocina de Luján de Cuyo como autores de abusos sexuales, simples (tocamientos) y agravados (con acceso carnal), mientras las víctimas eran menores de edad que estudiaban y dormían en los albergues del instituto.

Tras una extensa investigación que incluyó numerosas testimoniales, cámaras Gesell e incontables allanamientos e inspecciones al lugar, y con absoluto silencio de la Iglesia católica, se aguarda que la justicia mendocina aplique la mayor de las penas a los acusados de aberrantes abusos a niños
indefensos.

"?De la justicia esperamos una condena ejemplar", remarcaron desde el colectivo Sobrevivientes del Próvolo.?

?Para ellos, "la valentía de los jóvenes sobrevivientes del Instituto Próvolo de Mendoza permitió romper el cerco de impunidad institucional en el que los  abusadores se amparaban por asimetría de poder".?

?"Sin pausa, muchos y muchas sobrevivientes se fueron fortaleciendo y se atrevieron a denunciar a sus abusadores y cómplices, y esto se extendió fuera de las fronteras de nuestra provincia. Por ello, entendemos que es un logro histórico haber llegado a un proceso judicial", afirmaron.?

"Las causas son tres: la primera es la que comienza mañana, la segunda es la de Kosaka Kumiko, la monja acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el instituto, y la tercera, que está en etapa de instrucción y aún no fue elevada a juicio, involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, por omisión", precisaron desde la ONG querellante Xumec.

Los abogados querellantes de la causa, Sergio Salinas y Oscar Barrera, han denunciado a lo largo de toda la instrucción la falta de colaboración de la Iglesia Católica en general y del Vaticano en particular en el Caso Próvolo. Los imputados podrían recibir penas de hasta 50 años de prisión. (Télam)