18.04 | Información General El referente del MTE, Emiliano Llorente, expone el problema habitacional en la ciudad

"Nadie toma un terreno por ganas, hay necesidad porque es un derecho que no se está cumpliendo"

Habla de una falta de voluntad por parte de las principales fuerzas políticas frente a un escenario que quedó expuesto con la toma de las tierras fiscales del barrio Lourdes, donde 109 familias permanecen desde hace 15 días. El derecho a una vivienda digna "pasó a ser un sueño para los sectores populares, y también para la clase media", dice Llorente.

"Si no hay voluntad política la gente sufre, lo está haciendo ahora. Hay 109 familias desde hace 15 días durmiendo en una carpa, con frío, con angustia, yendo a trabajar sin dormir, quemando basura para calefaccionarse y luchando por un pedacito de tierra donde vivir". El referente del MTE Emiliano Llorente, conoce a la perfección la situación de muchos de quienes permanecen en los terrenos fiscales detrás del barrio Lourdes. Muchos compañeros y compañeras del movimiento que él encabeza están hoy ahí reclamando por un derecho "que pasó a ser un sueño": tener la casa propia.

En diálogo con EL POPULAR, plantea la falta de voluntad de las dos fuerzas políticas más importantes de la ciudad y del país que "accionaron juntas en concretar solamente un relevamiento para llevar a cabo un desalojo. Ninguna de las fuerzas políticas propuso algo. Nosotros creemos que es posible encontrar soluciones, pero sin voluntad política desde el Estado es muy complejo".

En un artículo que Llorente tituló "Un derecho que pasó a ser un sueño, un panorama de nuestra ciudad", el referente social habla del derecho a la vivienda, una cuestión que lejos de ser caprichosa "o un sueño revolucionario", es "fundamental para el desarrollo de la vida" que permite "planificar con perspectiva de futuro".

"¿Qué estabilidad puede lograr una persona si no sabe dónde va a vivir mañana?", plantea mientras analiza dos ejes fundamentales en relación al problema: "el acceso a la tierra y la cuestión salarial".

En sus números, hace la siguiente ecuación: "hoy el sueldo promedio supuestamente (de un trabajador asalariado en blanco) es de 457 dólares, a precio oficial $63.980. Esta posibilidad la tiene menos del 30% de la población activa, y la gran mayoría de ese porcentaje con salarios que no superan los $50.000".

En tanto, "en lo que respecta a la Economía Popular (toda persona que se tuvo que inventar un laburo para sobrevivir), los que están organizados con suerte llegan a $40.000 mensuales, y los que no, apenas alcanzan $20.000".

Así, "mirando estos números, un alquiler de una casa promedio ronda los $20.000, sumado a impuestos y la gran inflación que sufrió la canasta básica en el último año, no hay chances, no tienen capacidad de ahorro".

  • A esto se suman los valores de la propiedad que se ubican a un costo promedio de 44 mil dólares, es decir, "más de 6 millones de pesos". Aún pudiendo ahorrar 10 mil pesos por mes, comprar una casa a ese ritmo llevaría aproximadamente 52 años, construirte una vivienda, con valores aproximados de terrenos que rondan los 18.000 dólares, y a precio de mercado 1000 dólares el metro cuadrado de construcción, más o menos llevaría el mismo tiempo. Las dos propuestas son inviables".


Voluntad política

"No hace falta analizar mucho los números para saber que se necesitan políticas públicas de vivienda, sobre todo en los sectores populares, en la economía popular, que son los que hoy ni siquiera pueden alquilar", sostiene.

Enfatiza en que hubo oportunidades en las se han hecho construcciones de viviendas manejando distintas alternativas: "en algunos casos el Estado puso las tierras y los fondos para la construcción, en otros la tierra y el techo y lo demás corrió por cuenta de los vecinos... Hay muchas cosas que se pueden coordinar, pero ninguna fuerza política está demostrando voluntad para llevar adelante un programa real".

El refrente del MTE expresa que "hace por lo menos quince años que no existe un plan de viviendas pensados para los sectores humildes de la sociedad, y ahora, cuando ocurre una toma de terrenos, por una extrema necesidad habitacional el único acercamiento del Estado es a través de una denuncia penal, criminalizando a las víctimas de sus propias políticas".

Y enumera algunas políticas habitacionales implementadas en el plano local en la última década, tales como el Pikelado con 120 viviendas cuya gestión se inició en 2009 financiado con fondos Provinciales. El Procrear - modalidad de crédito hipotecario - donde se pusieron a disposición 97 lotes en el barrio Pikelado, sumado a una igual cantidad aproximadamente en diferentes partes de la ciudad, un programa "que dio la posibilidad de levantar alrededor de 200 viviendas". El Uocra 2 con 39 viviendas financiadas con fondos nacionales y que aún tienen varias sin terminar. Menciona también el barrio Educadores con 146 viviendas de las cuales varias todavía no están completas y Olavarría Construye con 28 viviendas bajo la modalidad de cooperativa de autoconstrucción. siendo está última iniciativa la única destinada a quienes trabajan en la economía popular.

En total "se levantaron aproximadamente 533 viviendas en base a programas en diversos planes del Estado, ninguno de ellos con fondos municipales, salvo el aporte de tierras".

En este contexto, y frente a una enorme emergencia habitacional en la ciudad, "el Estado debe entender que no se puede solucionar con las ofertas de siempre: subsidios miserables de alquiler por 6 meses, o 30 bloques y 3 chapas para que te armes una piecita en el fondo de lo de tu vieja, eso no resuelve el problema", sentencia.

"Necesitamos políticas de emergencia", dice mientras destaca que "lo más cercano en el tiempo, que sirve como ejemplo es lo que ocurrió del 2004 al 2006 que mediante cooperativas de trabajo se hicieron 386 viviendas de emergencia, de 43 metros cuadrados en tan solo dos años (Barrio Facundo Quiroga II, Escuela 6, Barrio Trabajadores)".

Para el referente social. "si el Estado no colabora y no se llevan adelante políticas públicas de viviendas esto (en referencia a la toma de tierras) va a ser moneda corriente en la ciudad. A nadie le pareció bien, nadie pensó que ésta era la manera, nadie toma un terreno por ganas. Hay una necesidad porque hay un derecho que no se está cumpliendo y eso creo que es lo que no entienden los funcionarios".

Así, para Emiliano Llorente "es posible recuperar el derecho a la vivienda cuando deje de ser un sueño y pase a ser responsabilidad del Estado".