24.05 | Policiales 

Causa Juez: penas de entre 4 y 6 años de prisión para los miembros de la banda que vendía drogas

El Tribunal Federal de Mar del Plata condenó a 7 de los integrantes de la organización que fue desarticulada en septiembre de 2018. El restante era Cristian Juez, quien fue capturado días atrás en Glew. Fueron condenados en un juicio abreviado y la mayoría cumplirá la sentencia bajo prisión domiciliaria.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a penas de entre 4 y 6 años de prisión a siete miembros "de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes -en particular clorhidrato de cocaína- en la localidad de Olavarría en la modalidad delivery", según se refiere en el fallo. Las personas fueron detenidas a fines de septiembre de 2018, cuando se llevaron adelante diversos operativos en forma simultánea en distintos puntos de la ciudad. Para seis de los imputados se resolvió que la pena se cumplirá bajo arresto domiciliario.

El pasado 7 de mayo el juez Héctor Omar Sagretti firmó el fallo en el que homologó el acuerdo logrado entre las partes para que la causa se resuelva a través de un juicio abreviado. En esta instancia condenó a 6 años de prisión a Gabriel Alejandro Zapata, de 28 años; y a 4 años de prisión a Sean Paul Mondello (29), a Franco Gabriel Terán (26), a Emmanuel Alberto Bonini (36), a Nélida Beatriz Zabala (56), a Diego Javier Juez (29) y a Néstor Raúl Ascazuri (39). A excepción del primero, todos los demás cumplirán la pena con prisión domiciliaria.

Estas personas, junto a Cristian Juez -sobre quien recaía una orden de captura y fue detenido dos semanas atrás en la localidad de Glew-,fueron investigados durante varios meses por dedicarse al fraccionamiento, tenencia y comercialización de drogas en distintos lugares de la ciudad. El 27 de septiembre de 2018 esta banda fue desarticulada luego de que se llevaran adelante 14 allanamientos, por instrucción del Juzgado Federal Nº 1 de Azul. En los mismos incautaron más de 250 mil pesos en efectivos, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares, vehículos y casi 2 kilos de cocaína fraccionadas en diversas dosis y en piedra.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo del personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Azul, y esas pesquisas permitieron dar, de manera inicial, con Zapata, quien "comercializaba cocaína en la modalidad 'delivery', es decir, que era contactado vía telefónica por sus clientes quienes le hacían pedidos, acordando con éstos la cantidad de la sustancia y el lugar de encuentro para su entrega".

En otro apartado de la resolución se refiere que Zapata "comercializaba cocaína en pequeñas bolsas o tubos de plástico y que para ello empleaba a otros jóvenes que se encargaban de realizar el reparto del estupefaciente".

En este contexto en el fallo del juez Sagretti se detalla que "en su carácter de jefe del grupo, Gabriel Alejandro Zapata era el encargado de obtener el material estupefaciente para comercializar, principalmente del prófugo Cristian Juez quien era su proveedor. Asimismo, se ocupaba de recibir los pedidos de los clientes en forma telefónica y luego contactar a alguno de los demás integrantes de la banda, para que se dirigieran al lugar convenido a entregar la sustancia ilícita a cambio del dinero acordado, actividad que desarrolló al menos desde abril de 2018 y hasta su detención" en septiembre del mismo año.

"Por su parte, Sean Paul Mondello y Franco Gabriel Terán, en su condición de miembros del grupo, eran los encargados de la distribución del estupefaciente, facilitando este último su domicilio (...) para el ocultamiento de la droga y su vehículo personal (...) para que cualquiera de los integrantes de la organización pudiera efectuar el reparto", agrega la resolución sobre el rol de los condenados en la organización delictiva.

Tal es así que Zapata fue condenado como autor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada; mientras que Modello y Terán fueron sentenciados por ser autores del mismo delito pero en calidad de partícipes secundarios.

En tanto que a Nélida Beatriz Zabala, a Diego Javier Juez, a Néstor Raúl Ascazuri y a Emmanuel Alberto Bonini se los condenó a 4 años de prisión por ser autores del delito de comercio de estupefacientes. Acerca de los primeros dos, se expuso que proporcionaron sus respectivos domicilios "para que Cristian Juez -también hijo de Nélida Zabala y principal proveedor de los coimputados Zapata, Bonini y Ascazuri- oculte y fraccione el material estupefaciente, así como para su posterior comercialización". En tanto que sobre Bonini y Ascazuri se expone que comercializaban la cocaína que les proveía Juez.

La investigación

Las escuchas, seguimientos y pesquisas directas sobre Zapata iniciaron en abril de 2018, cuando se comenzó a desentrañar a través de distintas medidas cómo funcionaba la organización que comercializaba droga. "Las tareas investigativas a cargo del personal policial permitieron corroborar la modalidad delictiva desarrollada por Zapata, que inicialmente sugerían las escuchas telefónicas". Con posteriores observaciones y tomas fotográficas en domicilios y el seguimiento de vehículos se determinó la existencia de "movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes".

Se agrega además que "las transcripciones de llamadas y mensajes glosadas a la causa ilustran con claridad acerca de las conductas desplegadas por dicho grupo delictivo, vinculadas a la comercialización de estupefacientes". La venta de la cocaína se realizaba en tubos que contenían aproximadamente 1 gramo cada uno y se comercializaban a precios que oscilaban entre 400 y 500 pesos, incluso había ofertas de 10 tubos a 3500 pesos, según se especifica.

Sobre el vínculo entre los cabecillas de la organización, se menciona que Mondello tenía una cédula que lo autorizaba a conducir un vehículo de Zapata, además que "las comunicaciones entre ambos se referían al comercio de estupefacientes". En tanto que "a partir de las escuchas telefónicas, se determinó que a principios de agosto del año 2018 Zapata sospechaba que podía estar siendo investigado por la justicia. Es alrededor de esa época cuando comienza a tener contacto con Franco Terán". Este último colaboró así con "con el ocultamiento del material estupefaciente comercializado por Zapata", para lo que ponía a disposición su domicilio y vehículo.

Se avanzó posteriormente sobre la persona que proveía la droga, que resultó ser Cristian Juez, y se concluyó en las pesquisas que Zabala, madre de Juez, realizaba el fraccionamiento de la droga mientras que en la vivienda de Javier Juez se guardaban estupefacientes. Finalmente se reveló que Cristian Juez llevaba droga también a Bonini y Ascazuri, quienes realizaban la posterior venta.

En los allanamientos realizados a fines de septiembre de 2018 incautaron gran cantidad de droga, en dosis y piedras, en la totalidad de los domicilios a los que se ingresó. También secuestraron anotaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes, elementos de fraccionamiento, balanzas de precisión, telefónos celulares y vehículos.

En el fallo del Tribunal Federal de Mar del Plata se ordenó el decomiso de una camioneta y un automóvil que le secuestraron a Zapata; una suma de dinero superior a los 250 mil pesos, de los cuales la mayoría fueron secuestrados en el allanamiento donde fue detenido Zapata; y la destrucción de las balanzas digitales encontradas, los teléfonos celulares y efectos usados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.