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Se realizó la charla "Acceso justo al hábitat y justicia"

Con la participación de referentes de la Justicia y de la Defensoría del Pueblo bonaerense y de Tandil cerró el ciclo de encuentros de la Mesa Regional de Acceso justo al Hábitat y la Vivienda.

El pasado lunes 12 de julio se realizó el último encuentro del Ciclo de Charlas organizado desde la Mesa Regional de Acceso Justo al Hábitat y la Vivienda, que integran representantes de la Facultad de Ciencias Sociales junto a otras instituciones de la región.

  • En esta oportunidad la charla se denominó "Acceso justo al hábitat y justicia", y contó con la participación del Dr. Diego Lucas Fernández, Defensor General del Departamento Judicial de Azul; el Dr. Alejandro Rusconi, Secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; y la Dra. Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil. La moderación estuvo a cargo de la Dra. Agustina Girado.

En primer lugar, el Dr. Fernández analizó los estándares legales para la protección del derecho a la vivienda y estrategias de justiciabilidad. El Defensor General del Departamento Judicial de Azul realizó una serie de consideraciones en torno a la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14449 y planteó que esta reglamentación "es muy joven y los pronunciamientos que tenemos de la Justicia Federal y de la Provincia de Buenos Aires hacen un reconocimiento muy sesgado y limitado con respecto al derecho al hábitat". Expuso en este contexto que "si las normas y derechos no se transforman en garantías exigibles y son meras declamaciones de derechos, estamos haciendo las cosas mal".

El Dr. Fernández criticó los fallos de la Justicia en los que "muchas veces las decisiones judiciales responden a la idea de que la garantía se resguarda con el acceso a un derecho como lugar de cobijo, como mero techo; y desnudan el contenido central de las reglas de garantía que hace referencia justamente a un instrumento necesario para una vida digna y en pleno desarrollo". El funcionario judicial mencionó además la importancia de conceptualizar el derecho a la propiedad "como un derecho ampliado a un interés colectivo".

Por su parte, el Dr. Alejandro Rusconi definió cuál es el rol que cumple la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los conflictos vinculados a vivienda y hábitat. En este contexto expuso que, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Azul hay 7 barrios populares, en Tandil hay 10 y en Olavarría 7.

El Dr. Rusconi expuso también que "el abordaje judicial no contempla los derechos sociales que se encuentran en juego. La vía penal suele ser la más elegida para lograr un desalojo rápido" pero a su entender "la alternativa al tema de la vivienda no puede ser la represión, no puede ser la fuerza de seguridad, no es solo la destrucción de los pocos bienes que tiene esa familia, sino también de la psiquis, hay niños en el lugar".

Analizó por otra parte la vulneración de la garantía del debido proceso del artículo 231 Bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires sobre la reintegración de los inmuebles usurpados a sus propietarios, a raíz de que, entre otras cosas, "posibilita el dictado de la orden de desalojo respecto de terceras personas, que no se encuentran imputadas y a las que tampoco se les garantiza el derecho a ser oídas".

El funcionario además abordó el "Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad", que fue dictado en el año 2019 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Finalmente, la Dra. Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil, se refirió al rol de la institución que encabeza, a la protección del derecho al acceso justo al hábitat y a los servicios públicos esenciales en esa ciudad. Detalló la situación de algunos barrios de la localidad de Tandil y cómo fue el abordaje realizado desde el área que fue creada en el año 2019.

  • La propuesta de estos encuentros surgió como resultado de un proceso de articulación institucional iniciado durante el año 2020 frente al agravamiento de las problemáticas urbanas y habitacionales.