17.07 | Policiales 

Pidieron penas de entre 9 y 12 años de prisión para los gremialistas acusados de asociación ilícita

En su alegato la fiscal Laura Margaretic reiteró que los sindicalistas de la Uocra Olavarría integraban a una organización criminal que lideraba D'Amico. Las defensas de los imputados pidieron la absolución. La sentencia se conocerá recién a fines de agosto.

Para el martes 31 de agosto fue pautada la instancia en la que el juez Joaquín Duba revele la sentencia que recaerá sobre los sindicalistas olavarrienses Roberto D'Amico, Luis Daniel Conrado y Walter Brun, quienes son investigados por integrar una asociación ilícita que realizaba estafas a empresarios desde sus cargos como secretarios de la Uocra Olavarría. La querella solicitó penas de entre 9 y 12 años de prisión, y las defensas la absolución de los tres acusados.

Ayer se llevó adelante la última audiencia por el juicio que se sustanció en la sala de la Cámara Penal de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul, dependencia elegida por sus dimensiones para concretar el proceso en el marco de la pandemia por el Covid-19, y que se realizó mayoritariamente de manera presencial, aunque algunos de los testigos se presentaron mediante videoconferencia.

De manera inicial se escucharon los testimonios de algunas personas ofrecidas por la defensa, cuyas declaraciones giraron en torno a circunstancias como el episodio en el que fue aprehendido a principios de agosto de 2018 Conrado en inmediaciones del Bioparque La Máxima mientras arrojaba basura en un terreno baldío; y también otros testigos, empresarios de nuestra ciudad, negaron haber recibido pedidos de "colaboraciones" por parte de los sindicalistas imputados.

Estos dichos se contraponen con lo expuesto en audiencias previas, cuando otros empresarios del rubro de la construcción revelaron que Conrado y Brun solían solicitar este tipo de "contribuciones" para distintas actividades sociales, pero luego estos pagos se convertían en pedidos mensuales.

Luego de que se escucharan los últimos testimonios declaró uno de los imputados, Luis Daniel Conrado, quien durante la instrucción de la investigación ya había declarado dos veces. En esta oportunidad planteó que los pedidos que realizaban no eran ejercidos con amenazas o bajo violencia, sino que eran entregados "voluntariamente", y que el dinero era utilizado para ayudar a obreros afiliados al sindicato. Además pidió "no condenar" a Roberto D'Amico por estos delitos, luego de indicar que el ex Secretario General de la Uocra Olavarría no estaba al tanto de estas situaciones.

Sin embargo, tanto el juez Joaquín Duba, quien encabeza de manera unipersonal el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, como la fiscal Margaretic, expusieron las contradicciones en las que habría caído Conrado en su declaración, al compararla con los testimonios brindados previamente en la etapa de instrucción, en la que sí habría planteado que "respondía a las órdenes de D'Amico".

Acerca del destino del dinero, desde la querella se observó que ninguno de los testigos ofrecidos por la defensa fueron obreros o personas que hayan recibido este tipo de ayuda por parte de los sindicalistas procesados. Incluso la fiscal Margaretic leyó un mensaje que había recibido un empresario al que se le preguntaba "cuándo va a pasar a hacer el aporte, mire que la paz social tiene su costo", para revelar los comportamientos de los gremialistas para pedir este dinero.

Alegatos

Posteriormente dio inicio la instancia de alegatos. De manera inicial fue el turno de la querella, desde donde la fiscal azuleña Laura Margaretic hizo un detallado repaso de la prueba revelada a lo largo de la semana contra los tres procesados, para reiterar de forma contundente que, en línea con lo planteado por la fiscal Viviana Beytía que instruyó la investigación, D'Amico, Conrado y Brun integraban una asociación ilícita a través de la que extorsionaban a empresarios de nuestra ciudad.

Al momento de la solicitud de las penas, Margaretic requirió que se condene a 12 años de prisión a Roberto D'Amico por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de "asociación ilícita en calidad de jefe u organizador", "extorsión" en dos hechos, "extorsión en grado de tentativa" en un hecho y "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil". La fiscal azuleña reiteró que "no habría forma" de que el ex sindicalista, hoy detenido con prisión domiciliaria, pudiera desconocer los procedimientos de Conrado y Brun.

Margaretic destacó que durante las audiencias se pudo "sacar a luz" una situación que estuvo "en las sombras durante tiempo, y por fin se pudo llevar a juicio y ventilarse frente a la sociedad". Acerca del accionar de los acusados, expuso que durante el juicio "se probó que después que ellos quedaron detenidos todos los empresarios coincidieron en que nunca nadie de la Uocra fue a pedirle ningún tipo de colaboración".

Por el contrario, las defensas de los tres procesados solicitaron la absolución de los olavarrienses, o, de lo contrario, la pena mínima. En primer lugar el doctor Federico Martínez, abogado defensor de Conrado, requirió que se declare nulo el proceso y aseguró que los policías que declararon acerca del procedimiento en el que fue aprehendido el ex Secretario de Finanzas de la Uocra "mintieron". Como lo había hecho previamente, volvió a exponer que en este operativo a su defendido lo golpearon, y refirió que parte de los expedientes son "una farsa".

A su turno, la abogada Elda Donatelli, quien representa a D'Amico, hizo un alegato técnico en el que cuestionó la figura de "asociación ilícita", y apuntó a que las pruebas presentadas en las audiencias previas no vinculaban a su defendido con los delitos por los que fue imputado. Además cuestionó que se considere como "exorbitante" el patrimonio de 5 millones de pesos de D'Amico, para lo que dio cuenta las décadas de trabajo del sindicalista.

Finalmente, la doctora Andrea Moyano también pidió la absolución de Walter Brun, y manifestó que no existían pruebas que demuestren las imputaciones de extorsión contra su defendido. Al igual que lo referido por Conrado, planteó que las colaboraciones eran brindadas por los empresarios en forma voluntaria.

Antes de que cerrara el debate se anunció que la sentencia del juez Duba se conocerá recién el 31 de agosto. Ese día se cumplirán tres años del histórico allanamiento en la sede de la Uocra, en los albores de la investigación que esta semana tuvo en el banquillo de los acusados a los tres gremialistas que coordinaron dicho sindicato hasta el año 2018. El 31 de agosto de ese año además fue detenido Brun.