31.08 | Policiales 

Uocra: penas de entre 6 y 9 años para los gremialistas acusados por extorsiones y coimas

El juez Joaquín Duba dio por acreditado que Roberto D'Amico, Walter Brun y Luis Daniel Conrado integraron una asociación ilícita. Se comprobaron dos casos de estafas y una tentativa, que ocurrieron entre los años 2014 y 2018. Los damnificados entregaron aportes mensuales de hasta 5 mil pesos.

En horas del mediodía de ayer se conoció el fallo del juez Joaquín Duba, quien de manera unipersonal representó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial en el marco de la causa por la asociación ilícita que integraron tres ex sindicalistas de la Uocra Olavarría, a través de la que extorsionaban a empresarios del rubro de la construcción y afines. Para el magistrado Roberto D'Amico, sindicalista histórico y ex concejal de nuestra ciudad, cumplía el rol de jefe de esta organización delictiva.

Las audiencias del juicio en el que se conoció cómo operaba esta organización delictiva desde el seno de la Uocra Olavarría se llevaron adelante durante la segunda semana en la sede de la Excelentísima Cámara Penal de Apelación y Garantías del Departamental Judicial de Azul, y si bien para ayer se había pautado la audiencia a las 12 horas en la que se revelaría la resolución del juez Duba, producto de que ninguna de las partes concurrió a esa hora se notificó a la parte acusatoria y a la defensa de los acusados acerca del fallo del magistrado azuleño.

En la resolución a la que accedió EL POPULAR el juez Duba condenó a la pena de 9 años y 9 meses de prisión a Roberto Omar D'Amico, a 8 años y 4 meses de prisión a Luis Daniel "Nicky" Conrado y a 6 años y 10 meses de prisión a Walter Alfredo Brun. En la instancia de alegatos, la fiscal azuleña Laura Margaretic, quien encabezó la parte acusatoria, había solicitado que se dicte una pena de 12 años de prisión para D'Amico, 10 años para Conrado y 8 para Brun; en tanto que las defensas particulares de los tres acusados solicitaron la absolución o pena mínima.

Para el magistrado, los tres sindicalistas del gremio de la Construcción de nuestra ciudad "adoptaron como 'modus operandi' el despliegue de maniobras extorsivas contra empresarios del sector de la construcción obligándolos a poner a disposición del gremio sumas dinerarias en concepto de pago de cuotas fijas de entre 2500 a 5000 pesos a cambio de no obstaculizar sus labores" en casos que sucedieron "al menos en el período comprendido entre el mes de enero de 2014 y el mes de agosto de 2018".

Por un lado, el ex Secretario General de la Uocra seccional Olavarría, Roberto D'Amico, fue condenado por resultar Jefe Organizador del delito de asociación ilícita y coautor de los delitos de extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa -un hecho- todos en concurso real; y autor penalmente responsable de los delitos de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso ideal entre sí. Además se le impuso una pena de 8 mil pesos.

Mientras tanto, Conrado, quien se desempeñaba como Secretario de Finanzas, fue encontrado autor penalmente responsable de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por tratarse las víctimas miembros de las fuerzas de seguridad y cohecho en concurso real; y coautor de los delitos de asociación ilícita, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa -un hecho- en concurso real.

Por último Brun, de 49 años y ex Secretario de Organización, fue encontrado coautor de los delitos de asociación ilícita, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa -un hecho- todos en concurso real.

Asociación ilícita

En la resolución del juez Duba se revela que D'Amico, de 74 años y quien goza del beneficio de la prisión domiciliaria, asumió "la calidad de jefe organizador de dicha empresa criminal, mientras que los otros dos sujetos resultaron ser los captores de los damnificados, tarea que realizaban en forma personal recorriendo las obras y empresas con pleno conocimiento del carácter ilícito de la maniobra".

Más adelante el juez Duba expone: "La coincidencia entre los tres miembros de la asociación y el ánimo corporativo de integrar la misma, viene dado por el actuar conjunto, casi inescindible de los dos miembros recaudadores -Secretarios de Organización y de Finanzas-, quienes concurrían regularmente a las empresas a extorsionar mediante intimidación a sus titulares y/o gerentes, mediante amenazas de sufrir un mal grave o ser perseguidos en sus actividades a cambio de dinero, sabiendo que tenían vedada dichas visitas de obra salvo que concurriesen con inspectores y/o funcionarios del Ministerio de Trabajo provincial o nacional, bajo la ineludible e inequívoca dirección y mando del jefe organizador, es decir del Secretario General del Gremio, siempre los tres con el fin de llevar a cabo esas conductas de manera indeterminada".

En esta línea refiere que "el carácter permanente de esta organización delictiva está dado por el tiempo durante el cual se desplegaron las conductas extorsivas, al menos con los tres empresarios damnificados que finalmente denunciaron o declararon las mismas como que perduraran poco más de cuatro años". Se trata de José Carlos Balzi, Maximiliano Zanazzi y Carlos Leandro Pesclevi, quienes declararon durante las audiencias realizadas en la sede del Poder Judicial de Azul.

El primero de los empresarios refirió que "la gente de la Uocra lo llamaba mensualmente para una colaboración" desde el año 2015. En el fallo se detalla que "fueron a pedirle una colaboración y que era Conrado con dos o tres más. Relató que le pidieron una colaboración para una carrera de ciclismo, que en ese momento le dijo que no podía que iba a ver y expresó que los muchachos en cuestión siguieron insistiendo".

Se agrega además que estas mismas personas "insistieron con lo de la colaboración, que lo llamaron por teléfono, que se presentaron de nuevo a la obra y que siempre muy amables, que le ofrecían tranquilidad para trabajar en las obras y que la Uocra le garantizaba tranquilidad. Sostuvo también que le expresaron que sabían que tenía todo en regla pero que le informarían de inspecciones y demás". Accedió así a dar aportes de entre 2 mil y 2500 pesos mensuales, pero luego llegaron a 4 mil pesos, y los mismos los retiraban Conrado o Brun.

Por otra parte, Zanazzi indicó que "en 2013 tuvieron contacto con la Uocra, que se acercaron a su empresa para pedir colaboración". Si bien en principio no entregó dinero, luego logró llegar a un arreglo para pagar 5 mil pesos mensuales. El empresario agregó que "el dinero lo daba emitiendo un cheque, el cual lo alcanzaba a la Uocra. Refirió que al cheque se lo daba a Nicky, Walter o al Dr. D'Amico".

También expresó que Walter le dijo, cuando dejaron de hacer estos pagos, que "te vamos aprender fuego gomas en tu empresa (...) y no te vamos a dejar trabajar". En el fallo se agrega que "sostuvo que la primera vez que se presentó en la sede le dijo 'esta es la colaboración', que (...) tampoco D´Amico le preguntó porque era el cheque, que se lo guardaba en la camisa y que si se retrasaba con el pago le llegaba un mensaje de texto".

Finalmente, en el caso de Pesclevi el mismo expresó que en el año 2014 "tuvo insinuación a un aporte monetario y que creyó que no correspondía". En su declaración identificó a Walter Brun y a Luis Conrado como las personas que fueron a una construcción en la que trabajaba, que le insinuaron a que haga un aporte monetario al sindicato a cambio de nada, pero él se negó a realizarlo..

El juez Duba además analizó las declaraciones de los tres imputados, quienes brindaron su testimonio en distintas instancias del proceso judicial que fue instruido por la Fiscalía Nº 10 de Olavarría. En el caso de Conrado lo hizo en tres instancias, dos mientras se instruía la investigación y la última en las audiencias de julio pasado. Según expuso el magistrado azuleño, el olavarriense de 56 años "miente sin criterio y sentido alguno, al negar parte de los hechos que confiesa previamente, como el haber realizado acciones concretas pero por órdenes expresas de quien era el único que podía hacerlo, es decir el Secretario General del gremio".

Duba hizo hincapié en las contradicciones a las que arribó el ex Secretario de Finanzas en las diversas declaraciones, dado que mientras en sus primeros testimonios "le endilga directamente y sin vueltas todo el manejo definiéndolo como 'a su antojo y placer'" a D'Amico, en las audiencias judiciales "mantuvo el reconocimiento de ser quien solicitaba las 'colaboraciones' a los empresarios pero no por orden de D´Amico, en un vano intento de restarle la casi toda responsabilidad que ya le había otorgado" previamente.

Por otra parte, expuso las documentaciones y la gran cantidad de dinero que fue secuestrado en los distintos procedimientos realizados en el marco de la investigación que fue coordinada por la fiscal Viviana Beytía. Uno de los operativos más importantes se realizó el 31 de agosto de 2018, cuando allanaron las viviendas de los imputados y la sede de la Uocra, ubicada en Belgrano y 9 de Julio, instancia en la que quedó detenido Brun.

La detención de Conrado

Durante la primera audiencia del debate oral y público que se realizó a mediados de julio pasado se presentaron diversos testimonios vinculados al episodio en el que fue aprehendido Luis Daniel Conrado. El ex Secretario de Finanzas de la Uocra fue interceptado en el cruce de La Pampa y Pelegrino luego de una persecución que inició en Moya y Belgrano, cuando agentes del Comando de Patrullas Olavarría intentaron identificarlo.

Un aviso del Centro de Monitoreo que refería que Conrado había arrojado escombros en cercanías de La Máxima fue el detonante de la persecución que terminó en el barrio Provincias Unidas, hacia el que se habría dirigido con el propósito de arribar a su domicilio, aunque no logró hacerlo porque previamente fue interceptado por agentes policiales.

Cuando Conrado intentó huir a pie, fue reducido por varios efectivos policiales, episodio en el que tanto el aprehendido como los uniformados resultaron con lesiones. Fue en este contexto que encontraron en el interior de la mochila que llevaba Conrado una suma de dinero superior a los 98 mil pesos, pero lo que se convirtió en la primera pista que derivó en la investigación judicial fue un sobre con 5 mil pesos que estaba en su camión y que tenía la inscripción "Uocra Agosto 2018 pesos 5000".

Sobre este episodio, el juez Duba dio por acreditado que Conrado intentó huir luego de ser interceptado de manera inicial en el cruce de Moya y Belgrano; que además hirió a varios agentes policiales y que intentó entregarle dinero a uno de los efectivos en forma de coima para que lo dejen en libertad.

Finalmente, D'Amico fue procesado por los delitos de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y armas de guerra. Las mismas fueron secuestradas en el domicilio de D'Amico en un allanamiento realizado el 31 de agosto de 2018. Pocos meses más tarde, a mediados de abril de 2019, la policía volvería a presentarse en esta vivienda, en esa oportunidad para detenerlo.