05.09 | Información General Investigaciones penales y cuestionamientos de la Comisión por la Memoria

Cumelén: tres décadas de historia que concluyen entre denuncias cruzadas

Los chicos con consumos problemáticos internados en Cumelén fueron derivados, por su cierre, a entidades del conurbano. Hay dos investigaciones penales en curso por un suicidio y un abuso sexual. En 32 años hubo situaciones complejas reflejadas en las páginas de este diario. Que incluyeron causas en la Justicia Federal. La Comisión por la Memoria pidió la clausura. Y hay quienes hablan de un trasfondo de intereses políticos.

 Claudia Rafael [email protected]

Esta semana Cumelén cerró definitivamente su dispositivo de internación. Después de 32 años la realidad de la comunidad terapéutica asentada en la zona de quintas de la ciudad tuvo su tramo final de existencia el último día de agosto. Entre medio, muchos ruidos sobre presuntas anormalidades entre finales de los 90 y la primera década del 2000, denuncias de inusitada gravedad desde la Comisión por la Memoria y sospechas actuales, muros adentro de la comunidad y entre algunos de los organismos con los que tienen convenio, de que son víctimas de pujas políticas.

El suicidio de un chico de 13 años y una causa penal por abuso sexual fueron los detonantes que terminaron de abonar la decisión para el cierre. Pero las expresiones durísimas de la Comisión por la Memoria que se conocieron una quincena atrás concluyeron en un pedido de clausura.

Mientras tanto, avanzan las investigaciones penales en manos del fiscal Miguel Piñeiro desde dos fueros. Desde el de Responsabilidad Penal Juvenil se investiga al supuesto victimario de 17 años en la causa caratulada como "abuso sexual con acceso carnal". Desde el fuero de adultos, la UFI 10 (también en sus manos por la escasez de personal en el Ministerio Público) investiga si las autoridades de Cumelén tuvieron algún tipo de responsabilidad en el suicidio ocurrido en la primera quincena de julio.

Los últimos chicos que quedaban todavía en la comunidad fueron llevados a control médico en el hospital municipal antes de ser conducidos a sus nuevos destinos y, según fuentes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, ninguno presentaba lesiones ni datos que evidenciaran una sobremedicación. "De haber sido así, el hospital estaba obligado a hacer la denuncia correspondiente", refirieron extraoficialmente.

Unos pocos chicos estaban internados por la cobertura de su obra social. El grueso, en cambio, llegó por los convenios con provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma y el resto por acuerdos con las provincias de San Luis y de Santa Fe. El convenio con CABA que concluía el 31 de diciembre próximo había establecido aranceles de 65.000 pesos por cada uno de los chicos internados.

Causas penales


Fuentes del Ministerio Público Fiscal aseguraron en off a este medio que hay en curso dos investigaciones: "Tomamos testimonio a los 13 chicos que todavía no habían sido derivados y que seguían internados en Cumelén. Doce de ellos hablaron bien del personal y de la comunidad. El restante fue crítico. Pedimos las historias clínicas y un perito médico va a analizarlas. Está todo en plena investigación. Pero desde el fuero de adultos investigamos posibles responsabilidades de las autoridades en los hechos en relación al suicidio en sí y a la medicación indicada. En la causa por abuso sexual con acceso carnal se pidió la detención de un chico de 17 años que fue trasladado al centro cerrado Leopoldo Lugones de Azul".


A través del convenio con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA había en el último tiempo ocho chicos en la comunidad terapéutica que implicaban la recepción de 520.000 pesos mensuales. El grueso de los internados provenían de la provincia de Buenos Aires que abonaba montos similares a los de CABA por cada uno de los becados. Sin embargo, con la provincia, Cumelén supo tener serios conflictos. En algún caso, por supuestas irregularidades de la entidad. En otros, por los atrasos de la Provincia para el pago que derivaron en reclamos a través de los medios y con proyectos presentados en 2013 en la Legislatura bonaerense.

Materia de archivo


Nada es simple para el análisis. Recorrer los archivos periodísticos depara un abanico amplio y complejo de antecedentes. De todo tipo. Ir con el túnel del tiempo a los finales de la década del 90 y de los primeros años 2000 ofrece muchas notas que daban cuenta de presuntas irregularidades.

En diciembre de 2004, en las páginas de este diario se reflejaban, con el testimonio de vecinos de la zona, presuntas persecuciones con métodos poco transparentes para volver a conducir a chicos fugados a la granja de la entidad. "Acá somos muchos los que vimos la camioneta buscando pibes. Y te da la sensación de que persiguen animales", decía uno de los testimonios reflejados en una nota.

En marzo de 2007, EL POPULAR publicaba que los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler estaban procesando al ex titular del Sedronar Alberto Lestelle por el otorgamiento poco claro de algunos subsidios a ciertas instituciones. Entre ellas, a Cumelén que, sin embargo, aseguraba contra viento y marea que los fondos recibidos habían sido destinados a la edificación de una granja. Y en julio siguiente la subsecretaria provincial de Adicciones, Patricia Segovia, declaraba que "la de Cumelén es una situación dificultosa, hablamos con el Intendente cada vez que nos encontramos porque es una preocupación para nosotros también".

En 2006 el Municipio había intentado, vía judicial, desalojar a Cumelén de una granja cercana al predio de la Sociedad Rural. Y en aquel entonces, el Departamento Ejecutivo municipal decía por lo bajo "ya no se sabe ni qué es (el programa) ni de quién".

Derivaciones


Dos días antes del cierre de la comunidad, el 28 de agosto a las 9 de la mañana, la jueza de Garantías del Joven de Tandil, Virginia Giombini, resolvió hacer lugar al "hábeas corpus correctivo y colectivo" presentado por la Comisión por la Memoria. En donde el organismo hablaba del "suicidio de un joven, un caso de abuso sexual, precarias condiciones edilicias, sobremedicación, falta de dispositivos para contener intentos de suicidio, mala alimentación y desatención de la salud".

Giombini, según se lee en los fundamentos de la sentencia, el 24 de agosto entre las 16 y las 19 recorrió la comunidad junto a su secretario, Pedro Arcuri, "la Dra. Carolina Villanueva, Secretaria de la Defensoría General Departamental, Daniel Alonso y María Mercedes Spinella como miembros de la Comisión Provincial de la Memoria". Y allí tomó testimonios, recabó documentación en libros de visitas y en la fundamentación cuestiona ausencia de controles por parte de CABA.

Todo hoy es materia de investigaciones penales. Pero hay además otros elementos que sería necesario sumar para el análisis. Por caso ¿a qué lugares fueron derivados los chicos que estaban internados en Cumelén?

  • Algunos fueron llevados a una comunidad hermana de Cumelén, ubicada en el conurbano sur. Otros fueron egresados del tratamiento porque se encontraban en proceso de externación y regresaron a sus ámbitos familiares. Algunos fueron conducidos a asociaciones del conurbano norte. Pero hay otros detalles que no pueden ser soslayados. Algunos de los chicos habrían sido derivados a una entidad cerrada de la zona de Monte Grande denunciada reiteradamente por la misma Comisión por la Memoria tiempo atrás.

El 19 de octubre de 2020 se lee en Andar Agencia, agencia de noticias de la CPM, que "Casa del Sur (de Monte Grande) no representa un dispositivo adecuado para garantizar tratamientos integrales en salud mental, por el contrario representa un espacio cerrado, de privación de la libertad para niños y jóvenes, donde se vulneran derechos básicos y se privilegia una lógica de funcionamiento de premios y castigos, asociada a malos tratos y torturas".

De ser así, las decisiones del Estado no estarían contemplando el bienestar de los chicos con consumos problemáticos. "¿Cuál es el marco de objetividad para las decisiones que se toman cuando hay infinitas muertes e irregularidades en instituciones del Estado?", se preguntaban fuentes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA. Desde allí, en coincidencia con un referente de larga trayectoria en la temática en el territorio bonaerense, se coincidió en que "hay un olorcito a pujas políticas en la movida". Y -se agregó- "en Cumelén sintieron claramente que había una soltada de mano y que no tenían interlocutor válido para hacer frente a la crisis que generó el suicidio de un chico que murió en la ambulancia mientras se lo trasladaba. De esas cosas es muy difícil volver".

  • El 1 de septiembre, en las redes sociales, Cumelén modificó algunos aspectos. Hoy se presenta el programa con los siguientes servicios: "consultas, asesoramiento, orientación, diagnóstico, derivación". Y los datos de contacto vía wp, twitter o facebook. Ya no un teléfono fijo en avenida Luciano Fortabat al 10.000 ni un dispositivo de internación. Una treintena de trabajadores quedaron desempleados. Sin ningún tipo de indemnización ni coberturas.

El rompecabezas es árido. El relevamiento de la Comisión por la Memoria genera escozor por la gravedad de lo denunciado. Pero también salpica con sus esquirlas a los distintos organismos del Estado. Si se prueban las irregularidades marcadas implica necesariamente ausencia de controles. Y si alguna de las instituciones a las que los chicos fueron derivados presenta aspectos poco claros o tiene un trasfondo oscuro también es imprescindible que el Estado brinde respuestas.

Porque en el medio quedan todos los adolescentes internados, con consumos problemáticos, infinitas carencias y numerosos dolores sobre sus espaldas, que siguen padeciendo y necesitan respuestas reales desde la Salud Mental.