17.10 | Información General Tres mil detenidos más en lo peor de la pandemia.

El encierro se triplicó en 18 años

La inseguridad, una vez más en el debate tras el crimen de un adolescente en Quilmes. Casi 49 mil detenidos contra 16 mil hace 20 años. Más de la mitad, procesados.   

Claudia Rafael - [email protected]

El endurecimiento de la política criminal y el incremento del 300 por ciento del número de detenidos en la Provincia, como ocurrió a lo largo de las últimas dos décadas, indudablemente no resuelve el tema de la inseguridad. 

En la actualidad hay casi 49 mil detenidos entre las 52 unidades penales; de los cuales el 52 por ciento no tiene condena firme.

En 2002 los privados de libertad eran algo menos de 17 mil. Claramente, a juzgar por los resultados, no es ése el camino. Pero hay que agregar otros aspectos: el grueso de las aprehensiones policiales -según la web Datos abiertos, de la Comisión por la Memoria- no tiene orden judicial previa en una suerte de punitivismo que se asemeja a mecanismos de control. Que no redundan en la tranquilidad para la vida ciudadana.

El crimen de Lucas Cancino, de escasos 17 años -cuando salía de su casa, en Quilmes, para ir a la escuela-, y el hecho de que quienes son sospechados por su asesinato para robarle su bicicleta y su celular sean muy jóvenes, es una pintura atroz. De la que sólo buscan exponer públicamente su preocupación los sectores más reconcentrados del manodurismo, en los últimos tiempos elevados a su máxima expresión por figuras como las de Sergio Berni o Patricia Bullrich. Las respuestas que terminan ofreciendo se alejan a kilómetros luz de la prevención y se zambullen por completo en los discursos efectistas. Discursos que se plantan de lleno en los reclamos de políticas represivas. Para el resto, desde la progresía, siempre resulta un tema incómodo del que hacerse cargo.

Aprehensiones

De alguna manera, observar con detenimiento la página de estadísticas "Datos Abiertos, Violencia estatal en la Provincia" que acaba de estrenar la Comisión por la Memoria, ofrece los recorridos de las prácticas estatales de las últimas dos décadas.

El mundo que se abre de la mano de esta web es amplio y recorrer el abanico ofrece infinitas respuestas. Es un hecho insoslayable que la justicia penal tiene su fuerte en la tramitación de sumarios policiales. Esta conclusión surge de los números de 2012 a 2020 en que apenas el 11 por ciento de las privaciones de libertad (en promedio) tuvieron orden judicial previa en todo el territorio bonaerense. El resto fueron aprehensiones convalidadas por la justicia con posterioridad.

Por otro lado, en 2019, el 83 por ciento de las aprehensiones policiales no fueron luego convalidadas por la justicia penal. Y el 93 por ciento no derivó en encierro carcelario. Un año más tarde, en 2020 sólo fue convalidado el 9 por ciento y apenas el 4 por ciento derivó en encierro.

En el departamento judicial Azul el promedio de aprehensiones con orden judicial previa es del 15,66 por ciento. Casi cinco puntos más que en el total provincial. Y, en 2020 se llegó al 23 por ciento.

La conclusión inmediata -y nada sorprendente- para estos números es que la bonaerense, como brazo armado del Estado, suele utilizar las aprehensiones como técnica de control territorial de los gobiernos. Y no precisamente como un mecanismo de prevención.

Pobreza y desocupación

Los sucesivos gobiernos han centrado sus políticas criminales en la represión del delito. Es decir, cuando ya es demasiado tarde y sólo queda como posibilidad la búsqueda de justicia. La prevención va mucho más allá de una política criminal y viene además de otras áreas de cada gobierno.

A lo largo de la historia de décadas de democracia, se han sembrado deudas internas que nunca se pagan. Con una levísima mejora en este trimestre, hay en el país 19 millones de pobres y seis de cada diez niñas y niños sobreviven entre la pobreza y la indigencia. Número que en el conurbano de las grandes ciudades se eleva a siete de cada diez. La desocupación, para jóvenes entre 18 y 30 años, llega al 26 por ciento. Son 16 puntos más que para el desempleo global.

No se puede perder de vista, en el análisis histórico, que la pobreza apenas superó el 5 por ciento promedio en los primeros años 70 y la dictadura cívico-militar no hizo más que cuadruplicar la cifra. Los gobiernos pos terrorismo de Estado implementaron una política de planes sociales que es imprescindible para tiempos críticos y que nace como paliativo temporal hasta la generación de trabajo real. Y si el trabajo genuino humaniza y genera organización familiar y social, la sucesión de planes sociales a lo largo de décadas opera para forjar dependencia y transformar en rehenes a sus receptores. Sin embargo, las políticas de los sucesivos gobiernos se han esmerado en el pago de deudas externas pero siempre queda para tiempos venideros el cumplimiento de las otras deudas.

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