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Daniel Lovano [email protected]

Un análisis tras la decisión del Gobierno por el "buen uso de las redes sociales"

Redes Sociales El licenciado Exequiel Alonso, docente de la Unicen, analizó el contexto y la propuesta lanzada por el gobierno nacional para regular el buen uso de las redes sociales, a través "Redes para el bien común", un programa del CES que nació con la adhesión de la Argentina al Pacto por la Información y la Democracia.

Las redes sociales, ese territorio tan fértil tanto para los contenidos más ricos como para las cloacas más inmundas, desde su masificación siempre han estado en el centro del debate, y vuelven a estarlo hoy a partir de la iniciativa dada a conocer por el gobierno nacional para su "buen uso".

El anuncio fue hecho el pasado martes por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y titular del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz, quien argumentó que la administración que encabeza Alberto Fernández trabaja en un estudio sobre las redes sociales para proponer "un pacto" de buen uso con el objetivo de que "dejen de intoxicar a nuestra democracia".

"Redes para el bien común" es un programa del CES que nació a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio del año 2021, "que no implica ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional" dice la proclama.

Como era de esperar en estos tiempos de antagonismos tan profundos, dirigentes de la primera línea del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica salieron al paso y cuestionaron que ello supone "una amenaza concreta a la libertad de expresión" y la catalogaron de "inaceptable e inconstitucional".

Por encima de la ideologización de la temática, el licenciado en comunicación social Exequiel Alonso abordó la cuestión. No sólo de esta iniciativa que propicia el uso de las "redes para el bien común", sino la intervención de este fenómeno del nuevo milenio en la vida de todos los días.

Alonso tiene 31 años, es docente de la materia Taller II - Metodología de Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro y tiene una beca del Conicet por la cual está haciendo el doctorado en La Plata.

"Acá lo que hay es una iniciativa del Estado, representado por el Concejo Económico y Social, de poner en debate algo tan sensible como es la circulación de la palabra en una sociedad y la garantía al derecho humano a la comunicación, porque no implica sólo la libertad de expresión tal como la resguarda la Constitución Nacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino también el acceso de la ciudadanía a una información que sea veraz, de calidad, que no desinforme y que permita tomar las mejores decisiones" señaló.

"Que no profundice desigualdades" agregó, ni atente contra las oportunidades de las personas.

El licenciado Alonso opinó que esta problemática empieza a cobrar predicamento ahora, pensando en un escenario de post pandemia. "La misma Organización Mundial de la Salud a la para que declaraba la pandemia de coronavirus estaba reconociendo que era necesario gestionar lo que por entonces se llamó la infodemia", recordó.

Acotó que "en términos de comunicación habla de un escenario totalmente diferente del que reconocíamos a fines del siglo pasado e incluso a principios de este siglo".

"Hoy existen muchos autores que hablan de la 'sobreabundancia informativa', que tiene como raíz el acceso a dispositivos móviles, la conexión permanente a Internet, la circulación permanente de la información por redes sociales y servicios de mensajería, desdibujando de dónde surge una información que después circula y se viraliza" advirtió.

Alonso dijo que con la infodemia reaparecieron ciertas problemáticas. "Noticias falsas hubo a lo largo de toda la historia, el asunto es que ahora circulan de manera muy rápida y llegan en muy poco tiempo a muchas personas, afectando la calidad de vida de esas personas" sostuvo.

Para identificar con certeza lo que son las "noticias falsas" el docente apeló a definiciones tanto de la Comisión Europea como de la Unesco. "Más que hablar de 'fake news' hablan de desórdenes informativos" dijo.

Identificó tres tipos: "Uno es la desinformación, cuando circula información deliberadamente falsa con intenciones económicas o ideológicas; el segundo es aquella información errónea transmitida con cierto convencimiento de que se trata de una verdad y un tercero es lo que se llama la 'mala información', lo que comúnmente conocemos como filtraciones, que terminan dañando a ciertas instituciones o personas, pues salen del ámbito privado protegido a la luz pública".

En este contexto, precisó Alonso, hay distintos actores que entran a buscar y debatir sobre posibles soluciones ante la problemática.

"Creo que el Estado Nacional, tomando como referencia otros avances que se han dado en otros países, se inspira en el Foro por la Información y la Democracia con sede en Francia pero que ha reunidos el aporte de expertos de muchos países. ¿Qué están promoviendo? De alguna manera definir una cierta transparencia respecto de cómo circula la información que afecta a la vida de muchas personas y por otro lado definir responsabilidades" observó.

Alonso destacó el aporte de cuatro "cuestiones muy interesantes: primero la transparencia de los algoritmos cuando pensamos que la información circula por plataformas digitales como Facebook, Telegram, Instragram, Twitter".

"Si bien es cierto que existe información falsa circulando, que hay 'granjas' que producen noticias falsas de manera intencional, también es cierto que esa información llega a las personas porque se viraliza en las redes sociales, en las plataformas. Entonces no sólo pensar la producción, sino cómo circula ese problema de las noticias falsas" mencionó.

"La segunda cuestión es si hay moderación de los contenidos y con qué criterios. Hay investigaciones de Martín Becerra en la Argentina donde dice que si Twitter o Facebook moderan los contenidos deciden que noticias puedo ver y cuales no, entonces no serían simples intermediarios. Hay criterios editoriales, hay intencionalidades de modo tal que hay responsabilidades que transparentar sobre todo con la ciudadanía" marcó Alonso.

Siguiendo esta línea, un tercer ítem refiere a si "hay posibilidades tecnológicas de evitar la propagación de fake news. Seguramente que sí, en el diseño mismo de las plataformas, a través de inteligencia artificial y de ciertas herramientas que pueden frenar este problema".

"Y finalmente, en el caso de las plataformas como Whatsapp o Telegram, empezamos a ver en el último tiempo algunos avances. Por ejemplo, ya no es tan fácil compartir un mensaje a muchas personas; cuando nos reenvían un mensaje aparece una leyenda que dice 'este mensaje fue reenviado muchas veces'. Es decir, ciertas cuestiones que al menos ayudan a ir formando a la ciudadanía en una lectura más crítica en lo que circula en las redes sociales" completó.

Sobre los rechazos anticipados, por la oposición y FOPEA, el licenciado Alonso interpretó que "lo que se debería pensar es cuál es el alcance del proyecto y cuáles son los actores que van a intervenir, porque es necesario que haya pluralidad de voces y representación de intereses cuando una propuesta de esta envergadura se pone en marcha".

Alonso recomendó que "más que centrar el debate en la cuestión de la regulación, yo pensaría en esta perspectiva de derecho humano a la comunicación que necesita de todos y de todas, y fundamentalmente de las empresas periodísticas, de los periodistas, de las plataformas, del sector político, del Estado y sus funcionarios en estos acuerdos respecto de lo que podemos considerar como buenas prácticas o prácticas que no atenten contra la desinformación".

"Ese debería ser el espíritu del proyecto, y sobre todo definir responsabilidades. No tiene la misma responsabilidad en esta problemática una persona con una cuenta en Twitter, que una plataforma de alcance global, que un medio de comunicación, un comunicador o un funcionario más allá del punto de la regulación, que no creo que sea posible" añadió.

Alonso consideró que "uno puede definir ciertas cuestiones, y el Estado debe generar el debate para pensar cómo queremos que circule la información con representación, pluralidad y con esta perspectiva de derecho humano, pero lo cierto es que hoy existen muchas maneras en que circula la información".

"Me parece que más que pensar en regular la expresión de las personas, algo que no creo posible, ni aconsejable, ni deseable, lo que hay que tratar es de promover mayor conciencia, más educación, ciertos pactos de actores con mayores responsabilidades, para contribuir desde diferentes lugares a generar una mejor comunicación en la sociedad. Es el debate que nos debemos todos y todas" cerró.

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