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Daiana Abregú y las extrañas muertes muros adentro de las comisarías

Los allanamientos y pericias están en manos de la Policía Federal y la Policía Judicial. Se secuestraron seis teléfonos celulares. En la última década son más de 200 las muertes ocurridas al interior de una celda policial. Casi el 36 % fueron caracterizadas como "suicidios".

Claudia Rafael / [email protected]

Efectivos federales e integrantes de la policía judicial acompañaron al fiscal de Violencia Institucional, José Ignacio Calonje, en los allanamientos que esta semana se concretaron en los domicilios de cinco policías de la comisaría de Laprida en la que fue encontrada ahorcada Daiana Abregú. "Se secuestraron seis teléfonos de interés. Que van a ser abiertos y periciados para tratar de sacar información sobre lo que se pudieron haber comunicado entre ellos ese día", dijo el fiscal a EL POPULAR.

Ya pasaron dos semanas desde la muerte. En las últimas horas se conoció la declaración de un médico que fue convocado a la comisaría que sostiene que la joven no evidenciaba signos de estar alcoholizada. Calonje advirtió a este diario que se trata "sólo" de declaraciones pero que aún no se conocen los resultados de los estudios de orina y sangre que confirmen o desmientan lo que define hasta ahora como "la percepción" del médico y que deberán estar en el lapso de este mes.

Todavía no aparecen certezas aunque la familia mantiene, con firmeza, la tesitura del homicidio. Y el whatsapp de una nena de 11 años, hija de un médico del hospital Pedro Sancholuz, que fue convocado a la sede policial, aporta más dudas a la versión oficial. El mensaje describía a una amiguita los métodos policiales para calmar a los detenidos que se ponían nerviosos. Según el whatsapp ésa habría sido la causa de la muerte de Daiana. "Fue incorporado a la causa como el resto de los elementos que vamos a periciar", expresó Calonje quien planteó que "por el momento no hay ningún imputado en la causa".

Transcurrieron muchos años desde que la misma policía investigaba a sus pares sin que nadie se escandalizara demasiado. La causa por la muerte del azuleño Rolando Sotes, de la misma edad que Daiana Abregú, en una comisaría tandilense (detenido por una contravención) derivó en un apercibimiento de la Procuración al entonces fiscal Gustavo Morey por esa razón.

Es demasiado delicada la problemática. La Comisión Provincial por la Memoria, en las estadísticas volcadas en la página Datos Abiertos, da cuenta de más de dos centenares de muertes en extrañas condiciones dentro de los muros de un calabozo policial entre 2012 y 2021. De un total de 225 muertes, el 35,82 por ciento fue calificado como "suicidios"; el 34,22 por ciento, caracterizado como "causa desconocida"; el 10,16 por ciento, por incendio; el 14,97 por ciento por deficiente atención médica y el 4,27 por ciento, por agresión física.

Bajo la figura de "suicidio" se suelen englobar muertes cuanto menos sospechosas. Suelen existir esos suicidios pero también instigaciones a cometerlos y, además, historias en las que se presenta una muerte autoinfligida que en verdad esconde un crímen.

Por otro lado, cuando se habla de "incendio", no se puede perder de vista que se está hablando de masacres como las ocurridas en Pergamino (2 de marzo de 2017) y en Esteban Echeverría (15 de noviembre de 2018).

En Pergamino, se trató de siete muertes de jóvenes entre los 22 y los 27 años detenidos por delitos menores. Un par de años más tarde, seis policías bonaerenses, entre ellos un ex comisario, recibieron condenas desde los 6 y hasta los 15 años de prisión. Se trató de funcionarios públicos que cometieron "abandono de persona agravado", que "no dieron órdenes ni realizaron acciones para salvaguardar la vida" de las víctimas (todos encerrados en una misma celda) y que, además no actuaron para apagar el incendio y entorpecieron el trabajo de los bomberos voluntarios.

En Esteban Echeverría el número de muertos ascendió a diez. Todos hacinados. Tenían de 19 años en adelante. En ese tiempo la comisaría contaba con tres calabozos, todos inhabilitados para alojar personas (como la comisaría de Laprida hoy). Previo a esa clausura, el cupo máximo para alojar detenidos era de diez personas. El día del incendio había 26 repartidos entre tres calabozos. Doce en el número uno; nueve, en el dos y cinco en el tercero. Al igual que en el caso del azuleño Sotes, los últimos cinco se encontraban en los llamados "buzones" o celdas utilizadas para castigo.

La ventana

No es extraño que la familia de la joven Daiana Abregú, de 25 años, descrea de la versión policial que sustenta la hipótesis del suicidio. La mujer tenía planes de vida diferentes, junto a su hijo de 9 años, en la próxima mudanza a la capital provincial. Fue llevada al calabozo tras una contravención. Y se la encontró ahorcada, con una campera propia, amarrada a una ventana con barrotes de muy baja altura. "Es una ventana baja. Tiene poco más de un metro de altura", dijo Calonje quien reconoció además que esa escasez de altura complejiza la posibilidad de un suicidio aunque –agregó- "no lo imposibilita".

La comisaría de Laprida está inhabilitada para alojar detenidos. El fiscal de Violencia Institucional analizó que "eso es real como también lo es que prácticamente el 90 por ciento de las comisarías están inhabilitadas en la provincia. Lo mismo ocurre en Olavarría, Azul, la DDI. Es un dato generalizado. Aunque a veces por fuerza mayor las utilizan igualmente".

-El hecho de que esté inhabilitada ¿incide en la investigación por la muerte de Daiana?

-Va por separado. Porque de comprobarse que fue asesinada eso podría haber ocurrido igualmente en un pasillo o en un patrullero. Es un elemento a valorar posteriormente. No es un elemento que estemos valorando en este momento.

Semejanzas

En el total de casos de muertes en comisarías desde el 2012 a esta parte, el 97 por ciento se trató de hombres y el 3 por ciento restante, de mujeres. A lo largo de esa década contabilizada por la Comisión por la Memoria, el año con mayor número de casos fue el 2021. En el año en curso, suman ya cinco las muertes semejantes.

Las historias que se tejen en relación a este tipo de muertes suelen tener similitudes. La última que adquirió enorme relevancia nacional fue la de Florencia Magalí Morales, de 39 años, que –al igual que Daiana Abregú- fue encontrada ahorcada en un calabozo policial en la zona sur de San Luis capital. Si bien inicialmente fue sellado como otro más de los suicidios ocurridos en comisarías, una segunda autopsia concluyó que "al cuerpo le faltan músculos, una arteria, el hueso hioides estaba sin fracturas".

Son demasiadas las historias que permanecieron catalogadas como suicidios y a las que, tras la insistencia familiar o de organizaciones de derechos humanos, luego se las pudo descifrar bajo otro perfil, como es el caso puntano.

El de Daiana Abregú todavía, a dos semanas de su muerte, transita los primeros pasos y hay aún demasiado por desentrañar. Todo en una localidad que ronda los 12.000 habitantes en la cual los vínculos humanos tienen otras características. Los afectos de Daiana Abregú se conocen, seguramente, con quienes hoy están sospechados de haber provocado su deceso. Se entrecruzan en la vida cotidiana, comparten espacios, frecuentan instituciones y hoy están –unos y otros- afectados desde diferentes perspectivas y costados por una misma historia trágica.

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